Texto: Patricia Bráñez C.*
Fotos: Agencias
En la investigación Interrelación y los vínculos entre la violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes en la región de América Latina y el Caribe (2010-2019), realizada en 12 países de la región, el Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (Cladem) afirma que la violencia es el resultado de la acumulación de imaginarios, relaciones de poder e impunidad permitidos en las sociedades que continúan subordinando y oprimiendo a las mujeres, en particular a las niñas y adolescentes.
Al mismo tiempo, señala que existe una articulación entre la violencia sexual y la muerte de niñas y adolescentes y que este delito está inscrito en un contexto caracterizado por la discriminación histórica y determinada por causas estructurales que la reproducen, como el sexismo y el adultocentrismo. Estas características provocan la baja escolaridad y las barreras de acceso a servicios de salud, de acceso a la justicia y a la protección integral, factores relacionados con las normas sociales y de género que las define como dependientes de la figura masculina cercana, como el padre, hermano, tío, que las obliga a construirse como “seres para otros” y pensar en la maternidad como proyecto de vida y en el ámbito doméstico como el único lugar o destino.
La violencia sexual, en especial la cometida contra niñas y adolescentes, se esconde como secreto familiar para no ser estigmatizadas o porque el delito está naturalizado y relacionado con la reproducción como mandato de género. Y con frecuencia son escondidos por las víctimas por miedo, amenazas, culpa y vergüenza, lo que genera sentimientos de impotencia y humillación.
Violencia feminicida
En la investigación se plantea también la categoría violencia feminicida como parte de la acumulación de otras dimensiones de la violencia, como su conexión con la desaparición, el suicidio, la falta de acceso a la interrupción legal del embarazo y la muerte materna. Este concepto evidencia la relación que existe entre las diferentes dimensiones de la violencia feminicida y las estructuras desiguales y patriarcales de poder, y se articula al de acumulación para comprender cómo los diferentes tipos de violencia afectan la vida de niñas y adolescentes que se insertan en un panorama general de violencia ejercida contra ellas.
El estigma social contra las niñas y adolescentes que sufren violencia sexual sigue siendo uno de los componentes clave que determina su reproducción. Sus cuerpos, que se conciben como cuerpos “para otros”, se pueden violar o vender, y cuando sufren un embarazo infantil forzado producto de una violación suelen ser culpadas, “ocultadas” y en algunos casos expulsadas.
El feminicidio posterior a la violencia sexual se replica con frecuencia. Sin embargo, la interrelación entre el delito de violencia sexual y feminicidio es difícil de demostrar, entre otras razones por protocolos inadecuados o falta de ellos, o porque las investigaciones judiciales no incorporan la perspectiva de género o los delitos no son tipificados como feminicidios al no registrar las violencias previas sufridas por las víctimas o las investigaciones son cerradas por falta de una valoración objetiva de los hechos. El caso de Bolivia es particularmente emblemático, porque revela una situación preocupante en relación con la cantidad de feminicidios sexuales sistémicos en el país.
Otros riesgos
Además, la violencia sexual contra niñas y adolescentes las expone con más frecuencia al riesgo de suicidio y se puede corroborar que ha bajado la edad de las niñas con ideas o intentos de suicidio. Un tema aún no investigado en el país, aunque en noviembre se presentaron casos relacionados de violencia sexual con el suicidio de niñas y adolescentes.
Los datos de mortalidad materna en nuestro país muestran que de 160 muertes por 100.000 nacidos vivos el 2 por ciento correspondía a niñas y adolescentes. De acuerdo con las autopsias poscensales, se determinó que dos niñas y adolescentes murieron por suicidio, cuyos casos están relacionados con el delito de violencia sexual cometidos por hombres con edades superiores a las de las niñas y adolescentes.
Embarazos infantiles
Otro factor preocupante, tanto en contextos rurales como urbanos, es el incremento del embarazo infantil forzado de niñas menores de 15 años por el delito de violencia sexual y que enfrentan una serie de obstáculos para acceder a servicios de salud para la interrupción legal del embarazo.
Bolivia registra por día 110 delitos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Hasta octubre de 2022, la mayor cantidad de delitos denunciados, después de violencia familiar o doméstica, ha sido de violencia sexual con un total de 8.867 casos, los más recurrentes son el de violación de niña, niño o adolescente con 2.207, violación con 2.288 y estupro con 1.345, entre los más importantes.
La violencia sexual no sólo debe tratarse en el análisis desde lo legal, si bien es importante, sino se debe incidir en lo social y en el entramado sociocultural asentado en el sistema patriarcal que hace uso del cuerpo de las mujeres como el mecanismo más perverso de poder y control no sólo del cuerpo, sino de todo el quehacer cotidiano de las mujeres, niñas y adolescentes.
(*) La autora es coordinadora nacional de Cladem Bolivia