En 2022, durante el conflicto en demanda por el censo de población y vivienda para en 2023 —que tuvo como escenario principal al departamento de Santa Cruz— se observó a grupos parapoliciales en ataques directos y selectivos en contra de periodistas, y en algunos casos, en coordinación o complicidad de la Policía. Fue el año en que se consolidó la impunidad del delito en contra del trabajo de la prensa, según un reporte de Brújula Digital.
El investigador en Derechos Humanos Franco Albarracín considera que las cosas deben llamarse por su nombre, y más aún en materia de DDHH, para que los organismos internacionales asuman una posición crítica sobre el estado de situación del país.
“Es importante que se pueda diferenciar entre un grupo irregular que se atribuye funciones propias de autoridades públicas y un grupo espontáneo de civiles que han actuado debido a una situación específica y que por lo general esto ocurre en los conflictos”, señala a Brújula Digital.
Grupo parapolicial
Albarracín remarca que la Policía es la única autoridad pública que puede hacer uso de la fuerza pública para desbloquear, por ejemplo. “Entonces, ¿qué ha ocurrido durante el paro (de Santa Cruz)? Grupos de civiles se atribuyeron funciones propias de la Policía y esto tiene una definición, y hay que utilizarla para que los organismos internacionales en materia de DDHH asuman una posición crítica”, cuestiona.
A eso se llama “grupo parapolicial” —dice convencido— porque son civiles asumiendo acciones propias de la Policía. “Están desbloqueando de forma deliberada, planificada y con recursos del Estado, porque hemos visto a estos grupos ser transportados en vehículos del Estado, son grupos ilegales, desde hace tiempo están actuando de manera totalmente impune”, sostiene. Menciona que ya en 2021 un grupo irregular armado torturó a periodistas en Las Londras.
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