El director asociado de Human Rights Watch (HRW) para las Américas, César Muñoz, opinó este miércoles que el delito de terrorismo fue utilizado por los gobiernos de turno, de derecha e izquierda, para perseguir a opositores en el país. Esta observación se produce en el marco de la detención de Luis Fernando Camacho, que fue imputado por este delito dentro de denominado caso golpe de Estado I.
“Hemos visto en el pasado cómo el delito de terrorismo ha sido utilizado por gobiernos de derecha e izquierda en Bolivia como un instrumento para perseguir a los opositores”, manifestó Muñoz a la agencia Reuters.
En opinión del experto en derechos humanos, hubo una justificación “muy frágil” para dictar prisión preventiva contra el gobernador cruceño y un uso “muy amplio” de la definición de terrorismo.
Esta no es la primera vez que Muñoz expresa su opinión al respecto, ya que en febrero de 2022 afirmó que la definición “vaga y amplia” de terrorismo en la normativa nacional, permite su uso “arbitrario y político”.
“La definición de terrorismo en la ley boliviana es tan amplia y vaga que permite su uso arbitrario y político. Se usó contra Evo Morales en el gobierno de Jeanine Añez y se usa ahora contra ella. La Asamblea debería adecuarla a las normas internacionales”, escribió entonces en su cuenta de Twitter.
Pero además del delito en sí, la agencia británica recordó en su nota que la justicia boliviana es ampliamente cuestionada. Por ejemplo, el índice de Estado de derecho de 2022 del World Justice Project colocó a Bolivia en el puesto 130 de 140 países, en el puesto 135 en términos de corrupción judicial y en el puesto 139 en justicia penal, solo por delante de Venezuela.
“La persistente disfunción del poder judicial la ha convertido en un arma política”, manifestó V. Ximena Velasco-Guachalla, profesora de la Universidad de Essex.
El gobernador Luis Fernando Camacho fue aprehendido y trasladado a la ciudad de La Paz el 28 de diciembre, en el marco de la investigación por el denominado caso “golpe de Estado I”. El mismo fue abierto a denuncia de la exdiputada del MAS Lidia Patty por las circunstancias que rodearon a la renuncia de Evo Morales en 2019. .
Un día después, el gobernador fue imputado por el delito de terrorismo y el Juez Octavo de Instrucción en lo Penal de La Paz ordenó su detención preventiva por un lapso de cuatro meses a ser cumplida en el penal de Chonchocoro.
Página Siete
