El abogado de las familias de los tres policías asesinados en Porongo, Juan Pablo Ibañez, señaló al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, como responsable de obstaculizar la investigación que se sigue contra Misael Nallar, detenido por el asesinato de los tres uniformados en 2022.
El jurista afirmó que Del Castillo protege a un grupo de uniformados involucrados con el principal implicado, yerno del narcotraficante extraditado a Brasil, Einar Lima Lobo.
“Tomando en cuenta que el ministro de Gobierno es parte en el proceso (contra Nallar), (pedimos) que certifique un informe (sobre todos los actos de investigación realizados hasta el momento) y a la vez, ante su ineficacia, por incumplimiento de deberes, renuncie a su cargo como ministro”, aseveró Ibáñez. El jurista llegó ayer desde Santa Cruz a La Paz para presentar una carta con esas peticiones, como apoderado de los familiares de los policías asesinados.
Ibáñez pidió no olvidar que el ministro de Gobierno “colaboró” con los principales sindicados del crimen cometido el 21 de junio de 2022 en Porongo. “No ha permitido los actos investigativos, ha dilatado el proceso y, peor aún, cometió injerencia”, manifestó el abogado.
Recordó que en agosto de ese año, Del Castillo declaró a los medios de comunicación que ya había concluido la investigación con sólo cuatro investigados, Nallar y William Nallar; Jasir Góngora y Edgar Dorado alias El Jefe. Criticó que el ministro haya intentado impedir que se procese al mayor Álvaro Muñoz y al capitán Rubén Aparicio, ambos sindicados de participar en la entrega de armas a los sicarios y la fuga de Nallar el día del hecho.
Ibáñez afirmó que el ministro de Gobierno también trató de deslindar responsabilidades del excomandante general de la Policía Jhonny Aguilera y el excomandante departamental de Santa Cruz, Erik Holguín, “y otros más, sin embargo, él (Del Castillo) decidió protegerlos, sacarlos del proceso. El momento que cometió esa injerencia, ese proceso no avanzó más, ¿por qué se perdieron los objetos materiales del delito (pruebas)?”, cuestionó.
Al inicio del caso, el Gobierno presentó a Nallar como parte de una red de lavado de dinero del narcotráfico, debido a que éste está casado con Fernanda Lima Lobo, hija del narco extraditado y condenado en Brasil por ese delito. Sin embargo, hasta la fecha, Nallar y sus allegados sólo son investigados por el asesinato de los tres policías y legitimación de ganancias ilícitas y no así por narcotráfico.
Desde el Ministerio de Gobierno no se emitió ninguna respuesta a las graves acusaciones de Ibáñez, sin embargo, el 9 de enero emitió un comunicado en el que se informó que un juez de La Paz rechazó un nuevo recurso legal que presentó Nallar para ser trasladado del penal de Chonchocoro de La Paz a Palmasola, en Santa Cruz. Debido al lugar de la detención preventiva del implicado, se suspendieron en varias ocasiones las inspecciones oculares y otros actos investigativos que necesitan de su presencia.
En caso de no tener una respuesta al informe solicitado en 72 horas, Ibáñez anunció que presentarían un amparo constitucional contra Del Castillo. “¿Por qué le miente a Santa Cruz y a Bolivia? ¿Por qué dice que está a favor de las víctimas si nos abandonó en este caso?”, concluyó el abogado.
El 21 de junio de 2022, dos sargentos y un policía voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía (Gacip) fueron ejecutados con 12 disparos de armas de fuego en la comunidad Los Chuchis, en el lugar se encontraron 17 casquillos de municiones de uso militar.
“¿Por qué le miente a Santa Cruz y a Bolivia? ¿Por qué dice que está a favor de las víctimas si nos abandonó en este caso?”.
Abogado Juan Pablo Ibáñez
Página Siete
