El Ministerio Público de Brasil pidió ayer a la Corte Suprema investigar a tres diputados bolsonaristas por “incitación a los actos antidemocráticos” que asaltaron y depredaron el domingo las sedes de los tres poderes en Brasilia.
En un oficio, la Fiscalía solicitó investigar a André Fernandes y a la indígena militar Silvia Waiãpi, diputados del Partido Liberal (PL), la misma formación del expresidente Jair Bolsonaro, y a la también parlamentaria Clarissa Tércio, del opositor Partido Progresista.
De acuerdo con el pedido, los tres diputados son sospechosos de “incitación a los actos de violencia y vandalismo” a través de “publicaciones en redes sociales antes y durante las invasiones”, lo que puede tipificar el delito de “incitación pública al crimen”.
Para la Fiscalía, la supuesta actuación de los congresistas fue un “intento de abolir, con violencia o grave amenaza, el Estado Democrático de Derecho impidiendo o restringiendo el ejercicio de los poderes constitucionales”.
El pasado domingo, miles de seguidores extremistas de Bolsonaro irrumpieron y destruyeron las sedes del Congreso, del palacio presidencial de Planalto y de la Corte Suprema en un intento fallido de derrocar al actual presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.
Los bolsonaristas estaban acampados en las puertas de los cuarteles del Ejército en varias ciudades desde el 30 de octubre, cuando Lula venció en la segunda vuelta electoral, y alegan fraude en las elecciones y piden una intervención militar para un golpe de Estado.
El pedido de la Fiscalía, firmado por el procurador general de la República, Augusto Aras, se fundamenta en publicaciones de los tres parlamentarios celebrando la invasión, por las que fueron detenidas cerca de 1.500 personas entre el domingo y el lunes.
En otro acto, el Ministerio Público también pidió investigar al gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, que fue separado del cargo durante noventa días, y de su entonces secretario de Seguridad Anderson Torres, exministro de Justicia de Bolsonaro.
Sobre Torres, que fue destituido del cargo por el propio Rocha el mismo día de los ataques, pesa una orden de captura y el exministro, quien está de vacaciones en Estados Unidos, ya manifestó que retornará al país para entregarse a las autoridades.
Torres era el responsable por la seguridad pública en la capital brasileña el pasado domingo, cuando se presentaron los actos antidemocráticos.
Las grandes manifestaciones convocadas por la extrema derecha en las principales ciudades de Brasil para este miércoles no tuvieron lugar, después de que la justicia advirtiera que tomaría acciones legales contra quien intente seguir promoviendo un golpe de Estado.
A la hora de la convocatoria, la avenida Paulista de Sao Paulo o la playa de Copacabana de Río de Janeiro estaban desiertas, mientras que a la Explanada de los Ministerios de Brasilia sólo acudieron dos bolsonaristas, que se sentaron en el suelo frente a los numerosos blindados desplegados por la Policía.
En otras capitales brasileñas se repitió el mismo escenario: calles vacías, ningún manifestante, una nutrida presencia de periodistas y un gran despliegue de las fuerzas de seguridad.
La convocatoria circuló desde la noche del martes en grupos de bolsonaristas en las redes sociales, que pretendían llamar a una “megamanifestación” por la “retomada del poder”, una alegación que hizo reaccionar a la justicia.
Alexandre de Moraes, magistrado de la Corte Suprema, quien instruye una causa que investiga actos antidemocráticos, ordenó a las autoridades de todo Brasil impedir el bloqueo de cualquier vía, carretera o acceso a entidades públicas y arrestar a quien intente alguna de estas acciones.
El magistrado también ordenó que Telegram bloquee los canales y perfiles que promueven este tipo de actos, una instrucción que fue cumplida por la red social, ya que no se podía acceder a varios de los grupos utilizados habitualmente por los radicales.
Los mensajes de convocatoria de las manifestaciones circularon luego de los ataques del domingo.
Las reacciones y los antecedentes
Hechos • El domingo, los bolsonaristas radicales causaron cuantiosos daños en los palacios, con el objetivo de derrocar al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, una semana después de que asumiera el poder.
Investigación • Por los ataques, fueron arrestadas más de 1.500 personas, de las cuales unas 600 fueron liberadas por “asuntos humanitarios”, aunque permanecen vinculadas al proceso.
Opinión El 93% de los brasileños condenan los actos antidemocráticos de los bolsonaristas y respaldan las medidas tomadas por el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, según un sondeo divulgado ayer por el Instituto Datafolha.
Resultado Según la encuesta, un 3% de los entrevistados se mostraron favorables a los ataques que depredaron el domingo las sedes del Congreso, la Corte Suprema y el palacio presidencial de Planalto, edificio administrativo del Ejecutivo. Un 2% se declaró indiferente y el 1% de los entrevistados se abstuvo de responder.
EFE
