El diputado del MAS, Ányelo Céspedes, implicado en cobros ilícitos, se sumó al proceso por el supuesto golpe de Estado y pidió la ampliación de la investigación contra los líderes opositores Carlos Mesa, Samuel Doria Medina y Jorge Tuto Quiroga. En Comunidad Ciudadana (CC) calificaron como un “amedrentamiento” esta solicitud.
“Yo no voy a permitir que exista una impunidad, es por ello que me estoy apersonando al proceso de golpe de Estado, donde estamos solicitando al juez que se amplíe la investigación y se los convoque a Carlos Mesa, Tuto Quiroga, Doria Medina, no como testigos, sino como investigados”, apuntó Céspedes.
Dijo que los mencionados deben ser investigados por atribuirse los derechos del pueblo, instigación pública a delinquir, asociación delictuosa, sedición y otros delitos.
Para el legislador del MAS, Mesa es el primer “golpista” porque tras las elecciones de 2019, fue el que habló de fraude y llamó a la ciudadanía a salir a las calles.
Desde CC salieron a responder a Céspedes y le recordaron que debe responder ante la justicia por el presunto ofrecimiento de sus servicios como legislador para intervenir en el caso de la exalcaldesa de Santa Cruz Angélica Sosa, a cambio de 200.000 dólares, tal como se escucha en un audio.
El jefe de bancada de CC en Diputados, Enrique Urquidi, dijo que este pedido de Céspedes es parte de la persecución política del Gobierno y una represalia contra Carlos Mesa. Acotó que esa solicitud de ampliación de investigación no tiene sustento legal
Recordó que Mesa coadyuvo con la pacificación del país en 2019, tras los conflictos sociales originados por Evo Morales con el caso fraude electoral.
Por lo que, Urquidi pidió a Céspedes responder ante la justicia por cobros ilícitos, antes de estar haciendo denuncias.
“El señor Ányelo Céspedes, en vez de estar realizando este tipo de denuncias, totalmente vacías, teledirigidas, armadas, oscuras, debería estar rindiendo cuentas ante la justicia boliviana”, indicó.
Señaló que, según un audio, el legislador del MAS fue sindicado de ofrecer sus servicios parlamentarios a la exalcaldesa de Santa Cruz, Angélica Sosa, a cambio de 200 mil dólares, con el propósito de buscar mecanismos para eximirla de alguna responsabilidad jurídica.
Para el legislador de CC, Céspedes debe ser investigado por tráfico de influencias y extorsión.
Página Siete
