Comunidad Ciudadana (CC), la primera fuerza de oposición en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), considera que la desinstitucionalización del Estado es una constante en Bolivia debido al nombramiento de autoridades interinas.
“La desinstitucionalización del Estado se ha convertido en una constante en el país, por el nombramiento de autoridades interinas en instituciones transcendentales”, se lee en los Antecedentes y Justificación del proyecto de ley que la alianza naranja presentó a la ALP.
En la iniciativa legislativa se lee que su objetivo es establecer el plazo máximo de permanencia en el cargo de las autoridades designadas de forma interina, tanto en instituciones, entidades y hasta empresas públicas.
En el artículo 2 del proyecto se busca que los servidores públicos designados de forma interina tengan una duración máxima en el ejercicio de sus funciones de 90 días, y que al finalizar ese plazo no pueda disponerse otro interinato.
“Al vencimiento de este plazo cesarán en el ejercicio de sus funciones por imperio de esta ley, sin necesidad de comunicación, declaración, memorándum o cualquier otro tipo de resolución o acto equivalente. Producido este evento no podrá decretarse otro interinato”, se lee en el proyecto.
El domingo, Página Siete publicó un reportaje en el que se da cuenta de que en 15 empresas e instituciones del Estado hubo al menos 67 autoridades ejecutivas interinas desde 2006 hasta ahora.
Los 67 puestos ad interim (a. i.) identificados corresponden a: Defensoría del Pueblo, Contraloría General del Estado, Banco Central de Bolivia, Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero, Aduana Nacional, YPFB, Administradora Boliviana de Carreteras, Corporación Minera de Bolivia, Servicio de Impuestos Nacionales, Empresa Siderúrgica del Mutún, Empresa Nacional de Electricidad, Instituto Nacional de Reforma Agraria, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Agua Potable y Saneamiento Básico, Dirección General de Aeronáutica Civil y la empresa Quipus.
Los casos que más polémica generaron fueron los del excontralor Gabriel Herbas Camacho y el de la actual defensora del Pueblo, Nadia Cruz Tarifa.
Herbas fue elegido diputado plurinominal por el MAS en las elecciones de 2005 y el 29 de diciembre de 2008, a través del Decreto Presidencial 29878, fue designado como contralor interino en reemplazo del suspendido Oswaldo Gutiérrez y estuvo hasta julio de 2016.
Cruz, tras la renuncia de David Tezanos Pinto, fue designada defensora del Pueblo Interina por la ALP el 2 de febrero de 2019. Lleva más de dos años en el cargo.
Página Siete
