La agrupación Comunidad Ciudadana (CC) anunció un juicio de responsabilidades contra los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TJS) por anular la sentencia condenatoria de David Moscoso-Ruiz, el empresario boliviano de Non Metallic Minerals (NMM)-Quiborax, que llevó a un arbitraje a Bolivia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a la Inversión (CIADI). El anuncio se hizo luego de que Moscoso inició un juicio contra el expresidente Carlos Mesa y el diputado Carlos Alarcón.
“La Bancada Parlamentaria de Comunidad Ciudadana ha tomado la decisión de iniciar un juicio de responsabilidades contra todos los magistrados y magistradas del Tribunal Supremo de Justicia, por la comisión de los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución y a las Leyes, en los que incurrieron al liberar a Moscoso”, refiere el pronunciamiento de CC.
El 14 de agosto de 2009, Moscoso admitió su culpa por un caso de falsificación de acta de Quiborax con el que se llevó a litigio al Estado. El sindicado se sometió a juicio abreviado donde fue condenado a dos años y obtuvo el perdón judicial, tras el pago de una multa de Bs 1.000.
Hoy, CC denunció que, en septiembre del 2021, el TSJ anuló el juicio por falsificación que pesaba contra Moscoso, pese a que admitió su culpa y fue sentenciado en un juicio abreviado.
“David Moscoso, habiendo admitido que incurrió en falsedad material con la finalidad de favorecer a las empresas Quiborax S.A. y Non Metallic Minerals S.A., y siendo que se encontraba con sentencia ejecutoriada, fue absuelto por el TSJ vulnerando el conducto regular y otros principios procesales recogidos en nuestra normativa”, señala el documento.
Por esa razón, la agrupación de oposición anunció un juicio a los magistrados que obraron de esa manera.
“Nosotros hemos decidido, como bancada en conjunto, iniciar un juicio de responsabilidades por el probable delito de prevaricato contra los miembros del TSJ”, remarcó la senadora de CC, Andrea Barrientos.
Ahora, Moscoso inició un juicio contra Mesa y Alarcón, abogado del exmandatario en ese entonces, por los delitos de difamación, injurias y calumnias.
Ante ese panorama, CC calificó ese proceso como parte de una persecución política contra Mesa y responsabilizó al gobierno del MAS por este tema. La agrupación se declaró en emergencia por esta situación.
Para el partido de oposición, existe una contradicción en este caso, porque, por un lado, se pretende enjuiciar “a quien recuperó el patrimonio nacional de la angurria saqueadora de una empresa chilena, y quien acuse sea uno de los principales protagonistas, junto a exautoridades masistas, del negociado que permitió el asalto y la expoliación de recursos públicos”.
Comunidad Ciudadana se declaró en emergencia Finalmente, nos declaramos en situación de emergencia ante este despropósito y dejamos claro que sostendremos la defensa del Presidente de la Alianza y del diputado Carlos Alarcón por este caso de evidente persecución política, en todas las instancias que correspondan.
Página Siete
