Las protestas antigubernamentales de Perú se acercan a los dos meses con un saldo de 69 muertes y sin una salida en el horizonte, luego de que el Congreso fracasara esta semana en cuatro intentos de adelantar las elecciones generales, lo que, salvo por sorpresa, entierra la posibilidad de que haya comicios en 2023.
Desde que comenzaron el 7 de diciembre pasado, tras el fallido autogolpe del exmandatario Pedro Castillo (2021-2022), las movilizaciones antigubernamentales en el país andino exigen cuatro reclamos claros: la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, nuevas elecciones para este año y la convocatoria a una asamblea constituyente.
La disolución del Legislativo sería, por ahora, inconstitucional, y la asamblea constituyente requeriría la aprobación en el Parlamento de un referendo que, con el ya conocido rechazo de los grupos conservadores, se vislumbra muy poco probable.
Así, las eventuales salidas a la grave crisis política y social que vive el país pasarían por la dimisión de la jefa de Estado, su destitución por el Congreso o un adelanto electoral, demandas que, hasta el momento, parecen inalcanzables.
Boluarte, quien se convirtió en la primera mujer en llegar a la Presidencia peruana tras asumir el cargo por sucesión constitucional, al haber sido electa como vicepresidenta del destituido Castillo, repitió en reiteradas ocasiones su negativa a dar un paso al costado: “Mi renuncia no está en juego”, dijo esta semana.
La mandataria ha dado a entender que no la harán retroceder los constantes bloqueos de carreteras y manifestaciones, ni el elevado número de manifestantes muertos en enfrentamientos con las fuerzas del orden. Tampoco la falta de consenso parlamentario para adelantar los comicios.
Hace una semana, cuando el Congreso ya había rechazado un primer proyecto de adelanto electoral a 2023, Boluarte emplazó al hemiciclo, altamente fragmentado, a aprobar una segunda iniciativa legislativa que buscaba convocar comicios este año.
Advirtió, en ese momento, que, de no prosperar la iniciativa, su Gobierno presentaría de inmediato dos proyectos con carácter de urgencia para celebrar elecciones en octubre de 2023 y para hacer una “reforma total” de la Constitución.
Ese segundo dictamen, planteado por el diputado fujimorista Hernando Guerra García, también fracasó. El texto, renovado respecto al primero, proponía ir a elecciones complementarias en diciembre, que el nuevo Parlamento asumiera el 30 de abril de 2024 y que el presidente hiciera lo propio al día siguiente. Lo cierto es que no se llega a decisiones en consenso.
EFE
