Hace 63 días, el entonces presidente peruano Pedro Castillo, con manos temblorosas y voz nerviosa, intentó un autogolpe de Estado que fracasó, pero que sirvió para destapar una caja de Pandora de la que salieron violencia, protestas y fantasmas del pasado, que han sumido al país en una crisis a todos los niveles sin luces de salida a la vista.
Casi 70 muertos, centenares de heridos y marchas multitudinarias en diversos puntos del país no parecen haber sido suficientes para que el Ejecutivo y el Legislativo se pongan de acuerdo para aprobar un adelanto electoral, anunciar renuncias, mostrar autocrítica o un esfuerzo de diálogo con los manifestantes para calmar la situación.
Más bien, ambos poderes se han aferrado con fuerza a sus cargos con el riesgo de que la fractura y la frustración con parte de la población se haga aún más profunda.
Cuando Dina Boluarte asumió el cargo de jefa de Estado dijo que permanecería como mandataria hasta 2026, algo que contribuyó a encender las calles de diversos puntos del país, sobre todo en el sur.
Pero si el Gobierno parecía que no iba a caer, el Legislativo tampoco estaba dispuesto.
En la última semana rechazaron hasta cuatro proyectos legislativos que incluían el adelanto de comicios generales, propuestos por diferentes partidos, pero todas acabaron con el mismo resultado: No se van.
Así, uno de los principales reclamos de las protestas, que es la oportunidad en el corto plazo de votar por nuevos líderes que quizás puedan desatascar esta situación, queda prácticamente descartado, puesto que, para que se apruebe un proyecto de ley con esta reforma, esta se tendría que dar antes del día 10 de febrero.
EFE
