A meses de realizarse las elecciones judiciales, una evaluación de los comicios de 2011 y 2017 da cuenta de la presión del Movimiento Al Socialismo (MAS) para asegurar que las autoridades electas respondan a los intereses del partido. Ambos procesos se caracterizaron por cuestionamientos a su transparencia y críticas al proceso. Varias resoluciones del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional dan cuenta de la parcialización al partido gobernante, entre ellas, la reelección indefinida en favor de Evo Morales.
Los comicios precedentes al de este 2023 se caracterizaron por ser un fracaso: los votos nulos y blancos ganaron a los válidos, por lo que las autoridades electas fueron calificadas de “no tener la legitimidad y representatividad del pueblo”.
Este hecho se acentuó con la introducción de la figura de reelección indefinida en favor de Morales, aspecto calificado de antidemocrático y anticonstitucional.
Retribución
Los magistrados que posibilitaron esta figura electos en 2011 por su fallo aparecieron más tarde en diferentes cargos públicos.
El expresidente del TCP, Macario Lahor Cortez, apareció en octubre de 2018 como director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA). El 31 de enero de 2019, fue director general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Trabajo. En 2021, pasó a ser funcionario de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico.
En tanto, Zenón Bacarreza figura como funcionario de la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico desde el 17 de febrero de 2022.
La exmagistrada Virginia Andrade Martínez apareció como la nueva Autoridad Jurisdiccional Administración Minería (AJAM) regional Potosí, en mayo de 2018.
Ruddy Flores, tras su alejamiento del TCP, fue director general de Asuntos Jurídicos de la Cancillería del Estado en 2018. Posteriormente desempeñó el cargo de ministro consejero de la representación diplomática boliviana ante organismos internacionales en Ginebra, Suiza. Su esposa fue enviada como cónsul en Bruselas. En 2021, fue el jefe de gabinete de la Vicepresidencia en 2021.
La exmagistrada Mirtha Camacho, si bien se alejó del TCP, apareció como funcionaria de la Dirección Departamental de Educación de Oruro hace dos años.
En las elecciones de 2017, el MAS también acomodó a sus fichas como altas autoridades del sistema judicial.
La sumisión de este poder al gobernante es evidente, toda vez que desde 2017 las autoridades bolivianas destituyeron cerca de 100 jueces, lo que debilita la independencia judicial en el país.
El Consejo de la Magistratura jugó un rol importante en este proceso. El expresidente del Consejo Gonzalo Alcón Aliaga, exfuncionario de Morales, fue comandante de la Armada entre diciembre de 2013 y diciembre de 2014.
Rechazan juicio a magistrados
En octubre de 2022, el Comité de Ministerio Público de Diputados rechazó la denuncia en contra de los exmagistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional que avalaron la reelección indefinida. “(Se dispone el) rechazo de la denuncia interpuesta por Rómulo Calvo en contra de los exmagistrados del Tribunal Constitucional Macario Lahor Cortez, Oswaldo Valencia, Zenón Bacarreza, Mirtha Camacho, Virginia Andrade y Ruddy Flores”, detalla el documento de septiembre de 2022.
La mayoría de candidatos era afín al oficialismo
El MAS, en las elecciones judiciales de 2011 y 2017, implementó y ejecutó un procedimiento de selección de candidatos acorde a sus intereses, por lo que la mayoría de los candidatos seleccionados son afines al partido azul. Pero también incorporaron aspectos para desmotivar la postulación a los cargos.
Bajo este aspecto, incorpora causales de “inelegibilidad” para el ejercicio de la función judicial. Por ejemplo, el “haber patrocinado a personas que resultaren culpables de la comisión de delitos contra la unidad del estado, que hayan participado de la conformación de gobiernos dictatoriales o haber participado en la entrega de recursos naturales y patrimonio cultural”.
Asimismo, se incorporó el “no haber patrocinado sistemáticamente a personas que hayan sido condenadas con sentencia ejecutoriada por delitos de narcotráfico, con excepción de los defensores públicos”.
La intencionalidad, impedir que se postulen profesionales considerados de derecha que hubiesen tenido vínculos con gobiernos anteriores.
Los Tiempos
