De los 12 legisladores que firmaron el recurso abstracto de inconstitucionalidad para forzar la reelección de Evo Morales, cuatro trabajan en el gobierno de Luis Arce. De ellos, uno es ministro.
En septiembre 2017, 10 legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) y dos disidentes de Unidad Demócrata (UD) presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) una acción de inconstitucionalidad para habilitar a Morales para repostular, pese a que el 51,3% del electorado le dijo “no” a esa posibilidad en el referéndum del 21 de febrero del 2016.
Los firmantes de ese recurso son: Nélida Sifuentes, David Ramos, Aniceto Choque, Ana Vidal, Julio Huaraya, Felipa Málaga, Ascencio Lazo, Juan Vásquez, Edgar Montaño y Nelly Lenz, todos del MAS, y los disidentes de UD: Santos Paredes y Víctor Gutiérrez.
Montaño fue designado ministro de Obras Públicas en noviembre de 2020 y ahora es uno de los más cercanos a Arce. Además, es quien organiza a los denominados “guerreros azules”.
Lenz figura como funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores desde el 3 de enero del 2022, según detalla es sistema de Declaración Jurada de Bienes y Rentas de la Contraloría.
Ramos fue designado como miembro del directorio del la Corporación Minera de Bolivia, mediante de decreto presidencial el enero del 2021.
Huaraya figura como funcionario de Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras desde el 6 de enero del 2022, como se observa en la Declaración Jurada que presentó.
Para el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Carlos Alarcón, el MAS premia a quienes impulsaron la “aberración jurídica” de vulnerar la voluntad popular y la Constitución. Agregó que los masistas también devolvieron los favores a los exmagistrados del TCP que emitieron la sentencia constitucional 084.
“Estos exparlamentarios han sido sus operadores, las marionetistas de Evo Morales, los exmagistrados, entre ellos Ruddy Flores y su esposa, han ejercido altos cargos en el servicio exterior, es la prueba del total sometimiento del sistema de justicia, que ha permitido una aberración jurídica”, enfatizó.
En noviembre del 2017, el TCP dio vía libre al recurso presentado por estos exlegisladores y Morales quedó habilitado para participar en las elecciones fallidas, bajo el argumento que la reelección presidencial es un derecho humano.
Página Siete
