En las últimas horas, La Fiscalía determinó ampliar el proceso penal por el caso Sacaba a la expresidenta Jeanine Añez. Eso se suma a la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de rechazar sus atribuciones y remitir a un juez de El Alto los antecedentes del caso Senkata, lo que significa que deja a la expresidenta en manos del juez Marco Antonio Amaru para un juicio ordinario.
La defensa de la exmandataria afirmó que estas decisiones agravan el conflicto de competencias para juzgar a Añez. Su abogados y legisladores de Comunidad Ciudadana (CC) recuerdan que aún están pendientes un recurso de “inhibitoria” y una apelación.
Ampliación por el caso Sacaba
“Señor juez en previsión del artículo 279 (de Control Jurisdiccional) de Código de Procedimiento Penal, y en mérito al memorial de solicitud de ampliación y demás elementos de convicción en el cuaderno de investigaciones, se tiene la necesidad de ampliar la investigación en contra de la siguiente persona: Jeanine Añez Chávez. Por la probable comisión delictiva de genocidio, asesinato y asesinato en grado de tentativa”, señala parte del memorial de la comisión de fiscales del caso Sacaba.
El documento fue enviado el 6 de marzo al juez cautelar del municipio de Sacaba por la comisión de fiscales que investiga las circunstancias en las que se produjeron las 10 muertes durante los enfrentamientos entre cocaleros del MAS y las Fuerzas Armadas (FFAA), en noviembre de 2019. Los mismos se registraron en el puente Huayllani, en Cochabamba, luego de que Evo Morales renunciara a la presidencia del país por las denuncias de fraude electoral, hecho revelado por una auditoría especial que él solicitó a la Organización de Estado Americanos (OEA).
“Nos enteramos de forma extraoficial de esta ampliación, la que aún no le fue notificada a la expresidenta. Esto agrava el conflicto de competencias, porque se está procediendo como en el caso Senkata, en el que aún están pendientes dos recursos, uno por inhibitoria y otro es una apelación que nosotros presentamos contra la resolución del juez Marco Antonio Amaru, que se declaró competente para juzgar en la vía ordinaria a una expresidenta constitucional”, explicó la abogada Añez, Norka Cuellar.
Sostuvo que al igual que pasa con el caso Senkata, la defensa pedirá que el juez que tiene a su cargo el caso Sacaba rechace el pedido de los fiscales y devuelva el caso a la Asamblea Legislativa Plurinacional para un juicio de responsabilidades.
Caso Senkata
En el recurso de “inhibitoria”, presentado el 3 de febrero en el caso Senkata contra Amaru, por parte de la senadora Andrea Barrientos y los diputados Walter Arizaga y Fernando Urquidi, todos de CC, se señala al juez que debe rechazar el pedido de proceso contra Añez, porque antes de que la denuncia llegue a sus manos, ellos ya habían conocido la causa, por el pliego de proposición acusatoria que la Fiscalía General presentó en 2021.
Según la explicación de Cuellar, este recurso debe ser dirimido en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y no ser tratado en un juzgado cautelar, por una autoridad inferior, “que hace de juez y parte”. La jurista manifestó que de manera “oficiosa”, Amaru primero se declaró competente para procesar a Añez en la vía ordinaria, la decisión fue apelada y sin que se haya realizado una audiencia en una sala penal del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, el juez ya solicitó el expediente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), desde donde se lo enviaron, explicó la jurista.
El abogado Alaín De Canedo, parte de la defensa de Añez, señaló que el envío del expediente fue realizado por el magistrado del TSJ, Edwin Aguayo, que, a nombre de los otros ocho miembros de sala plena respondió el pedido de Amaru y le entregó el expediente.
Sin embargo, este martes el presidente del TSJ, Ricardo Torres, señaló que aún no recibieron la autorización para entregar el expediente del caso Senkata a Amaru. “Nosotros no hemos podido aperturar nuestra competencia jurisdiccional en tanto no hemos recibido la autorización del juicio de responsabilidades de parte de la Asamblea Legislativa”, sostuvo Torres, según una nota de la ANF, cuando el magistrado se le consultó si Añez será juzgada en la vía ordinaria.
No obstante, según una fotografía que circuló en redes sociales, el expediente que tiene una carátula amarilla, como lo usan en el TSJ, figura entre los de carátula roja, usados en el juzgado cautelar de Amaru y probaría la denuncia de los abogados de Añez. El hecho deja en duda la legalidad en el actuar del magistrado Aguayo.
Cuellar afirmó que Amaru debe “reconducir” el caso y excusarse del mismo, de lo contrario violaría el Constitución Política del Estado (CPE) y se pondría por sobre la autoridad de magistrados del TSJ, TCP y el Legislativo.
Tanto en el caso de Sacaba como en el de Senkata, los procesados son exjefes de las FFAA y la Policía Boliviana, así como los entonces ministros de Gobierno, Arturo Murillo y de Defensa, Fernando López. La defensa de Añez sostiene que los actos realizados en el ejercicio de la presidencia deben ser juzgados en juicio de responsabilidades, que requiere de aprobación de dos tercios del Legislativo, sin embargo, sus acusadores pretenden llevarla a juicio ordinario bajo el criterio de que no fue presidenta constitucional.
Página Siete
