Desde que un grupo de juristas anunciara plantear un proyecto para la reforma judicial a través de una consulta ciudadana, esferas gubernamentales desahuciaron la iniciativa, bajo diferentes argumentos, entre ellos que se requiere una asamblea constituyente, que el proyecto es impulsado por políticos, que el tiempo no alcanzará, amedrentamientos a los voluntarios, además de obstáculos que tuvo que superar en el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
En septiembre de 2021, un grupo de abogados anunció el trabajo en una propuesta para la reforma de la justicia vía referendo constitucional, con el objetivo central de cambiar las reglas en la forma de elección de las altas autoridades judiciales, debido a que los comicios de 2011 y 2017 fueron un completo fracaso, toda vez que se impusieron el voto blanco y el voto nulo.
Primeros indicios de rechazo a la propuesta
El 1 de julio de 2022, los juristas anunciaron la oficialización de una iniciativa ciudadana para el cambio de la justicia a través de una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE).
Ante este aviso, el gobernante ya en esa fecha empezaba a desahuciar esta propuesta a través del ministro de Justicia, Iván Lima, al referir que, para viabilizar el planteamiento de los abogados independientes, se requería convocar a una “asamblea constituyente”.
Argumentó que modificar la forma de selección de magistrados afecta a las “bases fundamentales” de la CPE, por lo cual corresponde que la reforma sea mediante Asamblea Constituyente.
“Hemos hablado siempre de que la palabra sufragio universal de nuestra CPE puede ser llevada mediante un voto ratificatorio o un voto electivo. Habrá que debatir más eso”, dijo Lima en julio de 2022.
Presentación ante el TSE
A fines de julio de 2022, el grupo de juristas independientes presentó ante el TSE su propuesta de reforma judicial, a fin que el Órgano Electoral les entregue los libros para lograr la adhesión de 1,5 millones de bolivianos y promover un referendo constitucional.
La propuesta de ley de reforma parcial de la Constitución por iniciativa popular prevé un artículo único que dice: “Reformase parcialmente la Constitución en su Título III, Capítulo Primero, art. 178, art. 179; Capítulo Segundo Sección Primera, art. 181, art. 182, art. 183; Capítulo Tercero, art. 187; Capítulo Cuarto, art. 190, art. 191, art. 192; Capítulo Quinto, art. 193, 194, 195; Capítulo Sexto, art 197, art. 198 y art. 199; con el texto que se detalla. II.- Inclúyase en el Título III, Capítulo Primero, el art. 179 Bis, con el texto que se detalla. III.- Inclúyase al Título III, el Capítulo Séptimo, art. 198 Bis, con el texto que se detalla”.
Primeros tropiezos
La iniciativa ciudadana fue presentada el 28 de julio de 2022, pero recién el 28 de octubre de 2022 se notificó a los juristas con la Resolución TSE-RSP-ADM Nº 00377/2022 de 18 de octubre de 2022 (92 días después de recibida la propuesta) con la autorización de recolección de firmas otorgando un plazo de 90 días calendario computable a partir de la entrega del formato de los libros.
Además de esta situación, los juristas denunciaron otras acciones y omisiones en que incurrió el TSE como que el “plazo de 90 días comprendía el tiempo para impresión de libros de adhesión, requisito de notariación de libros de adhesión, rechazo de solicitud de aplicación de sistema biométrico, imposición de obligación de transcripción de partidas, plazo de 90 días impuesto reglamentariamente, además de declaraciones del Presidente del TSE que perjudican el proceso de recolección de adhesiones”.
El 25 de enero de este año se dio inicio a la gran cruzada nacional para la recolección de firmas de adhesión de ciudadanos que apoyen la iniciativa. Los juristas esperan conseguir las firmas en el plazo correspondiente hasta el 25 de abril, para llegar al referéndum en agosto o septiembre de este año.
Tardanza
Ante el avance de recolección de firmas, desde el Ejecutivo, el Legislativo, el Electoral, Judicial, además de organizaciones sociales afines al gobernante, de manera coincidente y constante “desahuciaron el proyecto ciudadano”, bajo el argumento de que el tiempo no les iba a alcanzar para estos comicios judiciales si se logra cumplir con los requisitos exigidos por ley.
“Cuando hablamos, por ejemplo, de un referendo y a partir de ahí se va diseñando una justicia casi inmaculada, me parece que es una especulación y que es una venta de ilusiones que no van a ser cumplidas en el futuro”, refirió en febrero el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ricardo Torres, sobre la propuesta de los juristas independientes.
Lima, en reiteradas oportunidades, “desahució” el proyecto ciudadano con los argumentos de que el tiempo n o alcanzaría, que se tiene que realizar a través de una asamblea constituyente, que la reforma no puede estar en manos de un grupo de juristas, entre otros.
“Estamos convencidos de que la reforma judicial tiene que se adelante en un proceso amplio de diálogo, entre todos los bolivianos, lo que no va a ocurrir con una recolección de firmas que terminará en abril”, sostuvo en febrero Lima.
El procurador Wilfredo Chávez descalificó la iniciativa e indicó que “son políticos camuflados de juristas independientes”.
Legislativo
Desde el Legislativo, algunos asambleístas del partido azul con la percepción del tiempo aseguraban un fracaso de la reforma judicial a través de un referendo.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Senadores, Luis Flores, en la misma línea del ministro Lima, descartaba el éxito de esta propuesta.
“Todas las instituciones tienen que tener su tiempo; posteriormente, esa resolución de control constitucional debe aprobarse en la Asamblea. Esta complejidad del procedimiento nos da a entender que se terminaría, acelerando, finales de año o primer trimestre de 2024, mínimamente”, señaló.
Organizaciones
El ejecutivo del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), Ramiro Cucho, calificó de “golpe judicial” el planteamiento de las cuatro preguntas para un referéndum que apunta a una reforma judicial.
Aseguró que esta iniciativa era impulsada por grupos separatistas. En tanto, la Confederación “Bartolina Sisa” rechazó la iniciativa de reforma judicial de los juristas que recolectan firmas. e indicaron que tiene un anteproyecto de ley para revolucionar a la justicia.
La COB resolvió en un ampliado “censurar esas propuestas” que “pretenden destruir nuestra democracia”.
Organismos demandan una reforma urgente
El diagnóstico de crisis de la justicia es ampliamente compartido por los actores nacionales y organismos internacionales especializados que demandan una reforma judicial.
A nivel externo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), el GIEI-Bolivia, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en sus observaciones finales sobre el cuarto informe periódico del Estado Plurinacional de Bolivia, así como el Relator Especial de NNUU sobre Independencia de los Jueces y Abogados luego de su visita oficial al país, han subrayado su preocupación sobre “la falta de independencia y autonomía del Poder Judicial y del Ministerio Público”.
Todos ellos plantean llevar a cabo una reforma urgente del sistema de justicia a fin de garantizar su independencia y el respeto al debido proceso.
Presidente del TSE desahucia referendo
El presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, expresó su duda de que pueda avanzar el proyecto de los juristas independientes. “Este grupo de juristas está recolectando firmas para hacer posible un referendo; eso tiene algunas complicaciones, porque, una vez que reúnan las firmas necesarias, esas firmas deben ser verificadas en el TSE y luego eso debemos enviarlo al Tribunal Constitucional.
Los Tiempos
