El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, desahució una posible nacionalización de autos “chutos”, luego de que la asociación de propietarios de estos vehículos presentara ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) un proyecto de ley para legalizarlos con el objetivo de generar cerca de 2.000 millones de bolivianos.
“Este tipo de nacionalizaciones tiene el problema de que genera incentivos perversos para seguir internando automóviles de manera ilegal y pensar que se puede seguir realizando de manera indefinida, por una segunda, una tercera vez y así sucesivamente. Ello no le hace bien a la economía”, señaló Montenegro en una entrevista con la Red Uno la noche del lunes.
La autoridad, además, señaló que si bien se generarían recursos para el país mediante la nacionalización, por concepto de multas y pago de impuestos de parte de los propietarios de autos indocumentados, a la larga el daño económico que generaría la internación de más vehículos con el propósito de nacionalizarlos sería mayor.
“Este tipo de medidas trae problemas de riesgo moral que no es bueno para la economía, porque al final se está incentivando a traer más autos indocumentados (…) es un círculo vicioso que es mejor no incentivar”, agregó.
En pasadas semanas, otras autoridades del Ejecutivo también expresaron su desacuerdo con la posibilidad de una nueva nacionalización de autos indocumentados, como el viceministro de Régimen Interior, Nelson Cox, y el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, David Vargas.
Asimismo, algunos legisladores, tanto del oficialismo como de la oposición, expresaron que no están de acuerdo con la nacionalización de los “chutos”, aunque el diputado Vicente Condori (MAS) propuso la creación de un proyecto de ley para tratar el tema.
Recursos para el Estado
Por su parte, el representante nacional de dueños de autos indocumentados, Rubén Ferrufino, indicó que actualmente hay en el país cerca de 200 mil vehículos “chutos”, los cuales ingresaron al territorio nacional en los últimos 10 años.
“En el país hemos estimado que existen en la actualidad cerca de 200 mil vehículos indocumentados que habrían ingresado en los últimos 10 años, esto, y hay que decirlo, porque las instancias responsables de hacer el control, como la Aduana, no han hecho un buen trabajo en las fronteras”, explicó.
De acuerdo con Ferrufino, su sector plantea la instalación de puntos fijos de control en poblaciones fronterizas y en las cuales se conozca de mercados de autos ilegales, para así controlar el ingreso y comercialización de nuevos vehículos indocumentados.
“Nosotros, en el proyecto de ley, establecemos que ésta sería la última vez que se nacionalicen los vehículos indocumentados, pero proponemos que el Gobierno tome medidas más estrictas para que no se produzca el ingreso de más autos”, apuntó.
El representante de los dueños de “chutos” argumentó además que con la nacionalización se pretende generar recursos de aproximadamente 2.000 millones de bolivianos para las arcas del Estado por concepto de pago de multas, aranceles atrasados e impuestos.
“Nosotros proponemos una reactivación. La nacionalización de estos vehículos generará recursos por 2.000 millones de bolivianos; por eso pedimos que se puedan instalar mesas de diálogo para de una vez lograr soluciones a nuestro problema”, puntualizó.
Restricciones
De acuerdo con el proyecto de ley presentado por los dueños de autos indocumentados, se han establecido ciertas restricciones para evitar el abuso de la norma.
El documento establece que no podrían verse beneficiados aquellos vehículos que tengan denuncias de robo, vehículos cuyas emisiones de gases tóxicos estén por encima de la norma vigente y que sólo se permitirá la legalización de un vehículo por propietario. Ferrufino planteó también que se podría establecer una prohibición de tres o cuatro años de período para que los vehículos regularizados no puedan ser comercializados, pero Montenegro fue claro en señalar que no es posible.
En Bolivia se legalizaron “chutos” dos veces
- Nacionalización En 1999, mediante el Decreto Supremo 25575, el entonces presidente Hugo Banzer estableció una amnistía “excepcional” para los propietarios de vehículos indocumentados ingresados al país con anterioridad al 28 de julio de 1999 por 90 días. En el primer artículo de la norma, se establece que este “perdonazo” se realizaba por única vez y que cumplido el plazo los vehículos que no hayan sido nacionalizados serían incautados.
- Perdonazo El 2 de junio de 2011 el entonces presidente Evo Morales promulgó la Ley 133 que en su artículo 1 establece “por única vez un programa de saneamiento legal de los vehículos automotores a gasolina, gas natural vehicular y diésel”, Sin embargo, desde 2012 diferentes sectores exigen otra regularización.
Página Siete
