La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) aprobó este jueves el envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) de la proposición acusatoria en contra de la expresidenta Jeanine Añez para el juicio de responsabilidades por el caso de las muertes de Senkata y Sacaba, durante los conflictos sociales de noviembre de 2019. Se trata del cuarto juicio que se tramita en su contra.
“La Sala Plena en su conjunto ha tomado conocimiento y conforme a la Ley 044, Art. 16, se ha dispuesto la remisión a la Asamblea Legislativa Plurinacional del requerimiento acusatorio y el informe de Sala Penal, esto con el fin de que la ALP pueda pronunciarse y pueda autorizar o no el juicio de responsabilidades a la ciudadana Jeanine Añez”, señaló este jueves el presidente del TSJ, Ricardo Torres Echalar.
El pasado viernes, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, informó que el Ministerio Público presentó ante el TSJ el requerimiento acusatorio en contra de Añez, para que sea remitido a la ALP y esa instancia pueda autorizar un juicio de responsabilidades por los 20 muertos y heridos en Sacaba y Senkata.
La Fiscalía responsabilizó a Añez por los presuntos cargos de genocidio, lesiones graves y leves y lesión seguida de muerte.
La Sala Plena, en sesión extraordinaria, analizó este jueves este tema y decidió dar curso a la solicitud. Luego de recibir el informe de la Sala, los magistrados del TSJ remitieron el requerimiento acusatorio a la ALP, para que esa instancia, mediante dos tercios, resuelva si autoriza el inicio de juicio de responsabilidades contra la exmandataria por este caso.
De forma preliminar se conoce que tal como había solicitado la Fiscalía, la Justicia decidió enviar la proposición acusatoria incluyendo la tipificación de genocidio, pese a que esa figura legal va contra los criterios y recomendaciones emitidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
En relación a ese punto, el director ejecutivo de la división América de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, calificó de “disparate” al cargo levantado contra Añez por “genocidio” y afirmó que esa situación “dificulta” una justicia imparcial para las víctimas.
Se trata de la cuarta proposición acusatoria enviada a la ALP contra la exmandataria, los otros tres casos tienen que ver con la aprobación —sin aval del Legislativo— de un crédito de 327 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI); la ampliación del contrato con Fundempresa, y la vulneración de los derechos de la libertad de expresión.
Página Siete
