Este lunes, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Amparo Carvajal, enfrentará una audiencia de amparo constitucional, en medio de un escenario adverso y amenazas de una organización paralela afín al MAS, que establecerá la situación de la institución. Asimismo, en Santa Cruz activistas comparecerán ante un juez por presumiblemente ser partícipes de la golpiza a la asambleísta Muriel Cruz (MAS).
El economista y exdirigente de la Central Obrera Boliviana (COB) Lucio Gonzales Alanes señaló que el Movimiento Al Socialismo (MAS) busca “acallar y silenciar” una de las últimas instituciones que lucha por la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos, además de denunciar ante instancias internacionales, entre otros.
“La presidenta Carvajal está enfrentando a todo un poder político, que ha llevado la toma de esta institución de los derechos humanos, a través de una operación política. Todo con el objetivo de controlar esta institución para evitar cualquier voz disidente al gobierno autocrático de Luis Arce”, afirmó.
Recordó que varios son los intentos del Gobierno para hacerse de esta organización, entre ellas, la actuación del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), en 2022, cuando de manera unilateral le retiró a Carvajal la representación legal de la APDHB e inscribió a Edgar Salazar Limachi como titular de la asamblea. Este organizó en diciembre de 2021 un congreso amañado para hacerse elegir por afines al MAS.
“Como está la justicia, no creo que pueda responder positivamente a la demanda, acción interpuesta por Amparo Carvajal, ya es una decisión política lamentablemente. Espero equivocarme, pero lo que se pretende con esta toma es ‘tirar por el suelo’ cualquier comportamiento de lucha contra la autocracia”, argumentó Gonzales Alanes.
Poner al desnudo
Otros analistas manifestaron que ya sea que justicia le favorezca o no a la presidenta de la APDHB, este hecho pone al “desnudo las intenciones que tiene este gobierno, la ilegitimidad y la ausencia absoluta que tiene Salazar”.
Sostuvieron que, con engaños, a través de una falsa denuncia, se presentaron en las instalaciones de la Asamblea y desalojaron de forma violenta a las personas que brindan este servicio a la sociedad.
Audiencia de activistas
En Santa Cruz esta jornada la justicia también definirá la situación de más de una decena de personas por presuntamente estar involucradas en la golpiza que recibió, el pasado viernes, la asambleísta departamental Muriel Cruz (MAS).
Se indicó que la Policía no habría detenido a los verdaderos responsables de este hecho. Manifestaron que, tras la denuncia, los efectivos del verde olivo, al mando del comandante departamental de Santa Cruz, Erick Holguín, actuaron con extrema violencia y lanzaron gases lacrimógenos a quienes se cruzaban a su paso como si fueran autores y partícipes del violento incidente.
En informes provenientes de la capital cruceña se dio a conocer que, en la noche del día que agredieron a la asambleísta, el viceministro de Seguridad Ciudadana y la Policía, Roberto Ríos, presentó a cinco personas: dos varones y tres mujeres.
Tras los operativos policiales, se detuvo a 15 personas, dos obtuvieron su libertad irrestricta.
Los Tiempos
