El presidente Luis Arce fue denunciado por “resoluciones contrarias a la Constitución”, un delito que pudo cometer cuando restituyó en el cargo a Eduardo Del Castillo, el ministro de Gobierno censurado el 27 de junio por un mandato de más de dos tercios de los votos emitidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Para viabilizar esta acción legal, el jefe de la bancada de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi, oficializó la presentación de una “proposición acusatoria” contra del jefe de Estado ante el fiscal general, Juan Lanchipa. Esta autoridad tendrá ahora la posibilidad de viabilizar este recurso y solicitar al Legislativo que autorice un juicio de responsabilidades por los cargos señalados en esta demanda legal.
Desde la facción del MAS que apoya al Gobierno calificaron esta acción de “desestabilizadora”. La senadora Ana María Castillo (MAS), anunció que defenderán la gestión del Gobierno ante esta estrategia “de argumentos vacíos”.
“No les gusta la gestión de nuestro ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, porque él es capaz y ha sido capaz de destapar varios casos ilegales que no les puede gustar a los opositores”, afirmó.
Pero desde el ala ‘evista’ señalaron que Arce “se burló del mandato legal de los legisladores que son la expresión de la voluntad del pueblo”. Así lo explicó el diputado Héctor Arce (MAS), quien aclaró que su bancada aún debe analizar el contenido de la demanda para apoyarla o no. “Eso sí, en términos generales, el presidente Arce vulneró la Constitución”, apuntó.
Se trata, según recordaron los legisladores ayer, de una acción “casi inédita” contra un mandatario en funciones. En la década de los años 90, el abogado Manuel Morales Dávila intentó llevar adelante una acusación por “traición a la patria” por el proceso de capitalización contra Gonzalo Sánchez de Lozada, quien entonces estaba a cargo de la Presidencia. El jurista fracasó y fue a prisión.
Del Castillo fue censurado por opositores y ‘evistas’. En total 101 votos fueron a favor de la censura, 42 en contra y un voto en blanco. Esta decisión, según el artículo 158 de la Constitución Política del Estado, genera la destitución de la autoridad que no pudo aprobar la interpelación.
El 29 de junio, Arce cumplió, inicialmente, con ese mandato a través del Decreto 4974, pero 45 minutos después firmó el Decreto 4975 con el que lo nombró de nuevo, esto en virtud de la ausencia de una ley que regule la censura. De hecho, el Tribunal Constitucional, por efecto de una demanda planteada por el diputado Rolando Cuéllar, uno de los portavoces del ala ‘arcista’, anuló una norma promulgada en 2020 cuando Eva Copa era la presidenta del Senado. Esta norma otorgaba al Ejecutivo 24 horas para la destitución y la prohibición que el censurado vuelva a ejercer cualquier cargo en los próximos tres años. Esto sucedió en abril.
Precisamente, en ese mes, Arce envió al Legislativo un proyecto de ley para regular la censura. La propuesta prohíbe que el ministro aplazado vuelva a ocupar el mismo cargo y así atendió las observaciones del Tribunal Constitucional que anuló el alcance de ley de Eva Copa que vulneraba los derechos del ministro censurado.
Pero Copa promulgó esta norma en septiembre de 2020 luego que la presidenta transitoria, Jeanine Áñez, restituyera en sus cargos a Arturo Murillo y Fernando López, los ministros de Gobierno y Defensa que ese año habían sido censurados por el MAS.
Tras el anuncio de juicio, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, dijo que para la restitución del ministro Del Castillo “se ha cumplido con la normativa”. “No existe impedimento para las acciones que han sido tomadas y el ministro de Justicia lo ha explicado en su momento”, remarcó Gabriela Alcón a los periodistas.
Se refirió a la declaración que hizo el ministro Iván Lima el 30 de junio, cuando aseguró que el presidente restituyó a Del Castillo “con la Constitución en la mano”.
“El artículo 158 de la Constitución es claro. La censura de cualquier ministro de Estado tiene como consecuencia inmediata su destitución. Ningún ministro censurado podría volver a ocupar ese mismo puesto; esto lo que hizo Arce, es burlarse de la Constitución, burlarse de la ley. Además, el propio presidente Arce, en abril, de este año remitió un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa en el que se reguló este régimen de la censura.
La propuesta del presidente decía que ningún ministro censurado tendría la posibilidad de volver al cargo. Eso lo escribió el propio presidente Arce”, cuestionó el diputado Urquidi cuando hizo la presentación del recurso.
Pero, ¿la propuesta acusatoria podría ser viabilizada por el Fiscal? El diputado Renán Cabeza, del ala evista del MAS, afirmó que el “gobierno controla las decisiones de la justicia” y que por eso “es poco probable que la acusación vaya a prosperar pronto”. En todo caso, Cabeza afirmó que “tarde o temprano Arce tendrá que dar cuentas sobre sus actos, sobre las vulneraciones a la Constitución.
Del Castillo, junto a Iván Lima, es una pieza clave en el gabinete político del presidente Arce. Su restitución en el cargo, no obstante, provocó un inédito rechazo generalizado del grupo de expresidentes, precisamente por la vulneración de la institucionalidad de la Asamblea Legislativa.
El expresidente y líder de CC, Carlos Mesa, dijo que “Arce ha violado” la Constitución y “se ha burlado de la decisión del primer poder del Estado”, que es la Asamblea Legislativa. Su mandato es soberano, según el Artículo 7 de la Constitución Política del Estado.
Jorge Tuto Quiroga, quien gobernó el país a inicios de ese siglo, consideró que el presidente Arce hizo un “jueguito de decir sí lo destituyo y luego lo restituyo” a su cuestionado ministro. “Son muy cínicos. Una violación de la Constitución, la vuelven en un jolgorio, celebración y fiesta”, dijo.
Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) expresó su “desacuerdo” con el presidente Arce porque, según remarcó, “el respeto por la Constitución es evidente cuando se la acata, pero sobre todo cuando al hacerlo se superan intereses personales o políticos”.
Mientras, el expresidente y líder del MAS, Evo Morales, afirmó en su momento que hace “responsable al ministro censurado y ratificado inconstitucional e ilegítimamente de cualquier atentado” contra su vida o integridad física.
“Del Castillo tiene muchos cuestionamientos. La lucha contra el narcotráfico tiene varias observaciones desde la comunidad internacional. Se habla de 17 toneladas enviadas a España en la aerolínea bandera. Esperamos que dejen los intereses personales porque eso daña la imagen de nuestro país. Hay que hacer los operativos de manera transparente, sin proteger absolutamente a nadie”, dijo ayer el senador Leonardo Loza (MAS), quien recordó que la censura fue por la falta de respuestas ante el tráfico de autos robados de Chile a Bolivia. Esta semana sucedió un ataque armado por esta causa.
El Deber
