La investigación del caso Fassil genera dos visiones. La del Gobierno, a partir del Ministerio de Justicia, que considera que la causa debe enfocarse en la legitimación de ganancias ilícitas por tratarse del principal delito y por ello se la debe trasladar a La Paz.
Mientras que, los analistas consultados sostienen que se debe respetar el territorio de la causa, que en este caso es Santa Cruz, por lo que no hay motivo técnico ni legal para su traslado a la sede de Gobierno.
Iván Lima, ministro de Justicia, indicó que se abrieron dos procesos judiciales; uno por delitos financieros Santa Cruz y otro por legitimación de ganancias ilícitas en La Paz, por lo que a su criterio no se pueden llevar dos juicios por los mismos hechos “consideramos que los delitos más graves y la competencia de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) y las entidades que combaten la legitimación de las ganancias ilícitas están en la ciudad de La Paz”.
“No podíamos tener dos procesos uno en La Paz y otro en Santa Cruz por lo que se presentó una solicitud (de excepción) y que el viernes (21 de mayo) fue otorgada a favor de la ASFI y el Ministerio de Justicia que como entidad a cargo de la legitimación de ganancias ilícitas el combate de este delito ha llevado adelante este proceso y los dos expedientes de La Paz y Santa Cruz se acumulan en La Paz lo cual no significa que hay un traslado de personas de Palmasola a San Pedro”, puntualizó Lima.
Se pudo saber que esta postura es apoyada por la ASFI que considera que es en La Paz donde se “tendrá un mejor trabajo técnico y legal para llevar adelante la investigación del delito de legitimación de ganancias ilícitas”.
Esta postura de acuerdo con fuentes del entorno de Juan Lanchipa, fiscal General del Estado, ha provocado fuertes cruces con Lima, pues Lanchipa tiene la postura de que se debe respetar la territorialidad de la causa, por lo que no esta dispuesto que la misma sea unificada y trasladada a la ciudad de La Paz y menos acepta que la investigación se encuentre “contaminada” como deslizó Lima
“En ningún momento hubo una irregularidad en el procesamiento de la investigación en este caso. La Fiscalía Departamental de Santa Cruz, a través de la comisión de fiscales, ha llevado de manera prolija, hasta este momento, la investigación”, declaró Lanchipa la noche del martes.
Sobre el tema Gregorio Lanza, analista político, sostuvo que es un error el querer trasladar la causa que se investiga a en Santa Cruz, hacia La Paz.
“Se debe respetar la territorialidad. El lugar donde se origino el delito. No hay argumentos legales, ni técnicos para hacer esta modificación. Con este intento lo que se ve es que Lima quiere tener un mayor control de la causa y de la justicia. Quiere manejar a los jueces y eso más fácil en La Paz con la causa cerca y no Santa Cruz donde no todos son funcionales. Esta claro que hay un interés político”, remarcó Lanza.
Que lamentó que con esta ‘jugada’ lo que se busca es no aclarar nada, “pues al Gobierno no lo interesa avanzar en este caso. Va a pasar los mismo que con Colodro que cuando el Ministerio de Gobierno fue juez y parte y ordeno cerrar el caso”, alertó Lanza.
Paul Antonio Coca, analista jurista, subrayó que no es correcto lo que se quiere hacer, ya “que el domicilio real de los investigados es en Santa Cruz de la Sierra donde hay un Ministerio Público para la investigación, hay los órganos de justicia. No es que no exista administración de justicia. Hay jueces, tribunales”, observó Coca.
Que además hizo notar que se debe hacer respetar el principio del juez natural que indica que donde esta la causa ahí se debe llevar adelante.
“Este principio del juez natural debe ser respetado por todas las autoridades vinculadas con el caso como el Ministerio Público, y los que administran la justicia como tal”, remarcó Coca.
El analista precisó que si bien la sede de la ASFI está en La Paz, el traslado que se quiere hacer no aplica al caso Fassil donde se debe trabajar bajo la figura del juez natural, a tiempo de remarcar que la Ley 025 del Órgano Judicial ya habla que los jueces tienen dos situaciones “la primera que es la competencia en razón de materia y la jurisdicción que se basa en territorio, por lo que se debe respetar la jurisdicción por territorio”, indicó.
El caso y reacciones
La tarde de ayer, la Policía ejecutó la orden de traslado del ex vicepresidente del intervenido Banco Fassil, Martín W. E. a la cárcel de Palmasola, luego que permaneció internado más de un mes en una clínica privada. El 11 de junio, la Justicia ordenó que sea enviado a la cárcel de Palmasola con detención preventiva por el lapso de 90 días, acusado por los presuntos delitos financieros, ya que su firma aparece en seis carpetas en las que se aprobaron créditos millonarios, supuestamente de manera irregular.
Julio César Porras, desde que se abrió el caso, recordó que se han citado y recibido al menos 80 declaraciones de ex directivos, ejecutivos, funcionarios del plantel administrativo y empresarios, la mayoría en calidad de testigos.
Y que hasta la fecha son seis los ex ejecutivos aprehendidos y privados de libertad en el centro penitenciario Palmasola (Juan Ricardo M.O., Hernán S.V., Jorge Arturo C.V., Hermes Hugo S.C., Patricia Piedades S. y Martín W.), todos acusados por la presunta comisión de delitos financieros.
La senadora por Creemos, Centa Rek, cree que la unificación de los procesos del caso Banco Fassil en La Paz, bajo el argumento que se trata de un caso de corrupción, es más una decisión política que jurídica ya que el juez anticorrupción de La Paz que dictaminó el traslado del caso a La Paz es incompetente para conocer la causa por dos factores: por un tema de territorio y por un tema de competencia.
Recordó que un juzgado de Santa Cruz está investigando este caso como un delito financiero, es decir, un crédito vinculado, que es un delito común, no de corrupción. Por lo tanto, considera que al trasladar el caso a La Paz tendrían que cambiar la carátula del caso, como uno de corrupción y no, así como un delito de créditos vinculados o de delitos financieros.
Asimismo, la senadora dijo que el caso ya se está investigando en Santa Cruz, por lo tanto, el juez de La Paz no puede acumular obrados por ser incompetente; además que la mayoría de los acusados, si no todos, tienen su residencia en Santa Cruz, donde se encuentran detenidos o están siendo investigados.
“El principal problema es que quien controla la justicia del país es el Ministerio de Justicia quien ha solicitado la unificación de la causa a La Paz a pesar de ser ilegal. El argumento de Lima de que el caso en Santa Cruz ya ha sido contaminado, debe ser aclarado por el ministro de Justicia; debe explicar qué, quién, cómo y cuándo se han contaminado las investigaciones. Es de suponer que trasladar el caso a La Paz, donde no hay una sola carpeta, donde no hay un solo aprendido, sí va a contaminar el caso por la injerencia política”, apuntó Rek.
El Deber
