Álvaro Munguía, experto en legislación aeronáutica, advirtió que el incumplimiento a un fallo constitucional puede una responsabilidad penal, no obstante en el caso particular la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) señaló que cumpliría lo estrictamente determinado por el juez de garantías constitucionales.
Amaszonas anunció que demandará al Estado por $us 50 millones.
El pasado 8 de agosto, la DGAC dispuso retirar las placas de funcionamiento a cuatro aeronaves de la línea aérea Amaszonas por una deuda que mantiene el operador con la compañía que le alquila los aviones. Esa misma fecha, la Constitucional Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó frenar temporalmente la medida mientras analizaba el recurso presentado por la empresa.
Pero al DGAC logró mantener la medida hasta el 15 de agosto, fecha en donde se fijo una audiencia para dirimir este conflicto. Además, desde el Gobierno aseguraron que se acataría el fallo que disponga la justicia.
Pero esta sala dispuso que la DGAC restituya las placas de funcionamiento y dio la razón a Amaszonas. No obstante, la entidad estatal aseguró que no levantará la sanción contra la empresa, aludiendo que debe cumplir compromisos con organismos internacionales, que avalan a un fabricante de aviones a reclamar y exigir la inmovilización de estos equipos.
Qué dice la Ley
El artículo 179 del Código Penal señala que: “La servidora, servidor público o personas particulares que no cumplan las resoluciones emitidas en acciones de defensa y de inconstitucionalidad serán sancionadas o sancionados con reclusión de dos a seis años y multa de cien a trescientos días”.
“Obviamente no acatar un fallo de una sala constitucional implica responsabilidad penal para la autoridad por delito de incumplimiento a resoluciones de Amparo constitucional”, explicó Mungia.
El jurista explicó que “el problema de Bolivia siempre ha sido la inseguridad jurídica y la falta de un sistema judicial que garantice la inversión privada”.
“Tenemos un sistema judicial que castiga al inversor y premia al deudor”, señaló.
Demanda
El miércoles por la noche, Mauricio Souza, director ejecutivo de Amaszonas, informó que iniciarán una demanda legal contra el Estado por un monto de $us 50 millones.
Es más, sostuvo que se quieren matar a la competencia para favorecer a línea estatal Boliviana de Aviación (BoA) y establecer un monopolio.
“Si el Gobierno quiere cerrar mi compañía para poner su compañía, que era una compañía ineficiente, adelante, de todos (modos lo que quiere) es un monopolio. Adelante, pero tiene que pagar porque yo voy a demandar al Estado boliviano en Nueva York y en Brasil, en Río de Jaineiro (…). Estamos hablando de una cifra total de $us 50 millones”, señaló.
Sobre una demanda internacional, Munguía considera que es muy difícil hacerla, «porque para empezar la empresa es boliviana, segundo no tiene un contrato directo con el Estado».
“Si amazonas quiere activar algo contra el Estado, podría hacerlo, pero en juzgado boliviano”, remarcó el analista.
El Deber
