A noviembre de este año, la mora en el sistema financiero llegó al 2,3% y la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) atribuyó la elevación al paro de los 36 días que se acató en Santa Cruz, en demanda del censo en 2023.
“El comportamiento del actual índice de mora de 2,3%, algo mayor al nivel previsto originalmente por la Autoridad Supervisora, se debe principalmente a la determinación extrema de paralización de actividades por más de un mes, impulsada por sectores radicales de Santa Cruz, que perjudicaron el funcionamiento normal de las actividades económicas de miles de personas y familias, especialmente de las que viven del día a día y de los sectores más vulnerables”, señala un comunicado de la ASFI.
Según la reguladora, este efecto se vio tanto en el departamento como en el resto del país, donde la población se vio limitada en su capacidad de generar ingresos para atender sus necesidades básicas y cumplir con sus obligaciones financieras.
Dijo que, debido a ello, el Gobierno nacional, en el marco de la reconstrucción de la economía y el apoyo a los sectores afectados, consideró necesario aplicar una segunda medida de reprogramación del pago de créditos bancarios.
“Esta determinación fue emitida dos semanas antes de la fecha de finalización del mencionado paro, fue acertada y oportuna pues permitió que el indicador de morosidad que llegaba a superar el 3% en la penúltima semana del paro, sea controlada de manera efectiva, cerrando el mes de noviembre en 2,3%”, agrega.
No obstante, pese a la elevación, el director de la reguladora, Reynaldo Yujra, destacó que el índice de mora del sistema financiero nacional es menor que el promedio de los países de la región, que se ubica alrededor del 3%, según información publicada por los organismos supervisores de cada país.
Los cívicos de Santa Cruz mantuvieron por 36 días un paro indefinido con bloqueo de caminos. En un primero momento exigieron que el censo se lleve a cabo en 2023, luego cedieron y aceptaron la propuesta del gobierno de que la consulta se haga en 2024.
Sin embargo, los movilizados esperaban la aprobación del proyecto de Ley del Censo en el Legislativo para que se garantice la nueva redistribución de recursos y escaños. La medida se acató desde el 22 de octubre hasta el 26 de noviembre.
Página Siete
