El ministro de Justicia, Iván Lima, informó este lunes que el anteproyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) busca modificar el Código Penal para que las personas que encubren delitos sexuales en contra de menores sean sancionadas con hasta ocho años de cárcel.
“Lo que estamos haciendo en el proyecto (de ley) es modificar el Código Penal, ampliando la sanción. La sanción en el encubrimiento de cualquier persona va de seis meses a dos años, para este tipo de delitos (agresiones sexuales) va a ir de cuatro a ocho años”, aseveró Lima en entrevista con radio Fides.
Asimismo, se plantea la conformación de una “Comisión de la verdad” para investigar los casos de pederastia y sancionar a los responsables, informó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
“Una ‘Comisión de la verdad’ que no puede quedarse únicamente en temas investigativos”, señaló Prada en declaraciones a Bolivia Tv.
Respecto a este tema, un comunicado de la Compañía de Jesús expresa “su apoyo a la conformación de una “Comisión de la Verdad” para esclarecer todos los casos de pederastia en nuestro país”.
De acuerdo con la propuesta, la Comisión estará integrada por los ministerios de la Presidencia, Justicia y Gobierno; de los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores; del Fiscal General del Estado, la Procuraduría, Defensoría del Pueblo, además de representantes del Tribunal Supremo de Justicia, Consejo de la Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional.
La Comisión, de acuerdo con Prada, será conformada una vez que el anteproyecto de ley sea aprobado por el Legislativo para dar una respuesta inmediata de justicia y reparación a las víctimas de violación y abuso sexual que, por distintas razones, de coerción y miedo, no presentaron la denuncia en su momento, pero que ahora sí tienen la oportunidad de hacerlo.
El anteproyecto de ley que el Ejecutivo envió al Legislativo determina un conjunto de acciones de protección a las víctimas que serán aplicadas por todas las entidades del Estado.
Para garantizar que no prevalezca la impunidad, el anteproyecto de ley plantea la imprescriptibilidad de todos los delitos sexuales, tanto en la acción como en la pena, cuyas víctimas sean infantes, niños, niñas y adolescentes.
El anteproyecto de ley de lucha contra la impunidad en delitos sexuales contra infantes, niños, niñas y adolescentes fue elaborado por el Gobierno ante los hechos “aberrantes” y “no errores” – como dijo Prada – cometidos por el jesuita español fallecido Alfonso Pedrajas en contra de más de 85 menores de edad que estudiaban en el Colegio Juan XXIII de Cochabamba, que era administrado por la Compañía de Jesús.
El propio Pedrajas confesó en su diario las violaciones y abusos sexuales que cometió, encubierto por el silencio de sus superiores de la Compañía de Jesús, según reveló un reportaje publicado por el periódico español El País el pasado 30 de abril.
De acuerdo con un nuevo reporte publicado este domingo por el medio español, Pedrajas, apodado ‘Pica’, no habría sido el único sacerdote que abusó de los estudiantes del Colegio Juan XIII.
Basado en el testimonio de una víctima, El País reveló que el sacerdote jesuita Francesc Peris, apodado ‘Chesco’, que antes de llegar al colegio Juan XXIII de Cochabamba había sido docente en el colegio de los jesuitas de Caspe-Sagrado Corazón de Jesús, en Barcelona, abusaba de las estudiantes.
ESTATUS
El Procurador General, Wilfredo Chávez, planteó este lunes revisar, vía ministerios de Relaciones Exteriores y Educación, el “estatus” que tiene la católica Compañía de Jesús en Bolivia.
“Como Estado debemos, a través del Ministerio Educación, que es el órgano rector de las relaciones de educación, y a través de la Cancillería, que regula las relaciones de Estado a Estado, verificar la situación y estatus de la Compañía de Jesús en Bolivia”, dijo la autoridad a la estatal Bolivia Tv.
Agencias
