Una delegación diplomática del Gobierno del presidente Luis Arce acaba de entregar una invitación formal en Santiago para reactivar las sesiones del Comité de Frontera de Bolivia y Chile, una instancia de diálogo técnico diplomático que no se reunía desde 2018. Estas conversaciones se darán en el marco de la nueva ‘agenda anticrimen’, impuesta por la escalada de denuncias de tráfico de vehículos robados hacia territorio nacional.
Por eso, los temas planteados sobre la mesa tienen que ver con la “integración fronteriza, asuntos migratorios y la lucha contra el crimen organizado”. Esta agenda cobró vida tras la balacera que tuvo lugar el 8 de julio en Challapata, donde fue herido el camionero chileno Mario Bello cuando intentaba recuperar su vehículo que le fue robado en Antofagasta. El transportista baleado quedó parapléjico y retornó a su país el 16 de julio en un avión ambulancia. La Policía Boliviana aún busca a los responsables de ese ataque.
El suceso repuso la coordinación de las policías de ambos países y generó un temario específico que llegó al ámbito diplomático. El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, anticipó, por ejemplo, que Chile compartirá la base de datos de las denuncias de vehículos robados en su territorio.
“Ya no vamos a esperar semanas, sino tendremos la información en tiempo real”, afirmó la autoridad, quien se reunió el 12 de julio con el subsecretario chileno del Interior, Manuel Monsalve. También acordaron trabajar en operativos conjuntos. Estos entendimientos ahora serán incorporados en el Comité de Frontera.
En este contexto, la vicecanciller chilena, Gloria de la Fuente, informó que está previsto que esta reunión se desarrolle a finales de agosto en Bolivia. La invitación fue entregada por el viceministro de Comercio Exterior, Benjamín Blanco, quien estuvo el jueves en el edificio Carrera de Santiago, la sede de la Cancillería de Chile, para confirmar el acercamiento.
En todo caso, se trata de las primeras conversaciones técnicas de la etapa posterior a los litigios que ambos países enfrentaron ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) y corresponden a la también llamada la era post-Haya.
De la Fuente expresó que su país “desea seguir trabajando en ámbitos de convergencia, a través de la consolidación de un proceso de acercamiento sobre la base de un diálogo que vaya en beneficio concreto de los ciudadanos de ambos países”. De hecho, el Comité de Frontera e Integración es “es la máxima instancia de cooperación técnica entre ambos países”. El otro nivel de diálogo es el “Mecanismo de Consultas políticas”, que no se reúne desde 2010, cuando Bolivia anunció la demanda marítima ante la CIJ y aún no está ubicado en el radar.
Ambos mecanismos de diálogo se activan periódicamente ante la ausencia de relaciones diplomáticas a nivel de embajadores. Bolivia rompió este lazo en 1979 por efecto de la demanda marítima.
Además de Benjamín Blanco y De La Fuente, en la reunión de coordinación del jueves, participó el cónsul general de Chile en La Paz, Fernando Velasco, y el cónsul general de Bolivia en Santiago, José Pinelo, quien acaba de oficializar su representación oficial ante el gobierno de Gabriel Boric.
Entre 2006 y 2010, Bolivia y Chile pusieron en marcha la ‘agenda de 13 puntos’ que incluyó el tema marítimo. Sin acuerdos en este último aspecto, el gobierno del presidente Evo Morales (2006-2019) demandó a Chile en La Haya para que este tribunal declare que hay una obligación a negociar una salida soberana al mar. El 1 de octubre de 2018, la CIJ negó la existencia de esa obligación y exhortó a Bolivia y Chile a seguir conversando. En diciembre de 2022, esa corte declaró que el curso de las aguas del Silala era compartido y cerró el último litigio bilateral.
El diputado Gustavo Aliaga de Comunidad Ciudadana (CC) es diplomático de carrera. El 13 de julio estuvo junto a varios de sus colegas y pares de Chile en los pasos de frontera de Pisiga y Chungará. Lamentó que el presidente Arce haya dejado “abandonada la relación por mucho tiempo” a pesar “de la importancia que tiene”, porque el vecino país “es una puerta estratégica para conectar a Bolivia con el resto del planeta”.
“Somos dependientes de los puertos chilenos”, recordó y mencionó que el 80% de la carga del país transita a través de esos muelles. Consideró que esta realidad es más notoria en La Paz, Oruro y Potosí; no tanto en Santa Cruz que tiene la hidrovía y una relación más fluidas con Brasil y Paraguay.
En ocasión de la más reciente conmemoración del Día del Mar (23 de marzo), el presidente Luis Arce planteó restablecer el tratamiento del tema del mar en el contexto de una agenda de siete puntos. La propuesta también apuntó a “trabajar de manera conjunta contra el crimen organizado”, sin descuidar “las verdaderas causas” que motivan la ilícita actividad del contrabando que se generan desde las zonas francas que están instaladas en el norte de Chile. También propuso desarrollar una agenda conjunta entorno al litio, pero no tuvo respuesta.
De hecho, entonces no se logró reactivar ninguna mesa de diálogo sobre temas específicos, esto sin perjuicio de citas empresariales entre actores de ambos países.
“Solamente, el balazo que ha recibido este señor (Mario Bello) ha despertado la realidad en Bolivia. Se ha oficializado al cónsul Pinelo porque tenemos un problema gravísimo”, afirmó el legislador de la alianza liderada por el expresidente Carlos Mesa. De este modo, destacó la designación de la autoridad. Pinelo ya fue cónsul en Chile en 2006, pero fue retirado del cargo de manera abrupta.
La frontera entre Bolivia y Chile es de 850 kilómetros. En los últimos meses se han identificado unos 70 pasos ilegales, explicó Aliaga como resultado de la visita que realizó a la frontera. “Los carabineros de Chile nos dicen que hay muchos más pasos ilegales y que es muy difícil hablar y coordinar tareas de inteligencia con los uniformados bolivianos”. Eso sí, dijo que la Aduana Boliviana está realizando “una tarea titánica” por el crecimiento del contrabando que prácticamente se desbordó en la frontera.
Del Castillo explicó que la problemática del contrabando y los problemas migratorios se abordarán en un mes y se prevé que participe autoridades de Perú.
Bolivia mantiene una fluida relación con ese país. Incluso existe un entendimiento sobre el puerto de Ilo y hay carga boliviana que llega a través del puerto privado de Matarani que está más al norte.
El gobierno de Chile desplegó a la frontera con Bolivia a fuerzas militares para enfrentar los problemas migratorios, especialmente protagonizados por ciudadanos venezolanos que atraviesan la frontera, incluso caminando. “He mandatado reforzar las conversaciones con nuestros países vecinos, en particular con Bolivia, con quienes no tenemos relaciones diplomáticas desde 1978 y que hoy no están llevando adelante la reconducción de los ciudadanos venezolanos y colombianos que entran por la frontera de Colchane y que no son recibidos por el lugar donde entran, y eso tenemos que solucionarlo”, detalló en marzo el presidente Boric, precisamente desde Colchane, en la misma frontera binacional.
La invocación del mandatario chileno tampoco activó una agenda de trabajo, pero se negoció un acuerdo que será firmado este año, según adelantaron autoridades de ambos lados de la frontera.
En la frontera también hay ‘coyotes’, tratantes de personas que lucran con la necesidad de miles de migrantes. Por el paso fronterizo Pisiga-Colchane llegaron a pasar hasta 500 personas por día según contó a el profesor Mauricio González en un reportaje que publicó EL DEBER en 2022. “Nunca en mi vida he visto una tragedia y una crisis de estas dimensiones”, apuntó el maestro en esa ocasión.
Esta crisis humanitaria y el incremento de los delitos en frontera gatilló un escenario de cooperación entre Bolivia y Chile.
El Deber
