Este jueves se iniciará una nueva gestión en el Órgano Judicial con la posesión de 19 magistrados titulares y 19 suplentes de las cuatro instancias judiciales. Una vez que entren en funciones, deberán determinar cómo sustituirán a los autoprorrogados que aún permanecen en el cargo y siguen aferrándose a sus puestos, aunque carentes de toda legitimidad.
El Gobierno confirmó que la posesión de realizará en la Casa Grande del Pueblo y estará a cargo del presidente del Estado, Luis Arce, en cumplimiento del numeral V del artículo 182 de la Constitución Política del Estado (CPE). Según los datos preliminares la posesión será en horas de la tarde.
Este jueves se conoció el auto constitucional 0113/2024-O que supuestamente fue emitido el 11 de diciembre, cuatro días antes de las elecciones judiciales. Con esta resolución los autoprorrogados de los departamentos donde no se llevó adelante los comicios del 15 de diciembre se aseguraron en sus puestos, en abierta contradicción a su propia resolución 0049/2023 por el que se prorrogaron en su mandato.
El problema afecta al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). En ambas instancias se eligen a dos magistrados por cada departamento. Sin embargo, por decisión del TCP controlado por los autoprorrogados se suspendieron las elecciones en cinco departamentos. En Santa Cruz, Cochabamba y Tarija no se eligió a los representantes para el TCP. En Beni y Pando, además del reemplazo en el TCP también se limitó la elección para el TSJ.
La resolución 0049/2023 señala que la autoprórroga durará hasta que se realicen elecciones judiciales, esos comicios se realizaron el 15 de diciembre; pero a última hora volvieron a considerar el caso y declararon que pueden quedarse en sus cargos hasta que se complete las elecciones en los departamentos que faltan.
Los nuevos magistrados serán posesionados el jueves y podrán decidir el futuro de los autoprorrogados que insisten en seguir medrando del Estado, aunque sus mandatos concluyeron en diciembre de 2023, según establece la Constitución, y se extendieron por otro año y ahora quieren otro plazo.
El Deber
