El proceso de preselección de vocales electorales enfrenta una creciente judicialización, luego de que postulantes inhabilitados presentaran acciones de amparo constitucional contra decisiones de instancias legislativas, bajo el argumento de vulneración de derechos y la imposición de requisitos no previstos en las convocatorias.
En Chuquisaca, seis postulantes a vocales del Tribunal Departamental Electoral (TED) que fueron inhabilitados presentaron este lunes una acción de amparo constitucional contra la Asamblea Legislativa Departamental, cuestionando la exigencia de un “certificado actualizado de dominio del idioma nativo”, requisito que —afirman— no estaba establecido de manera específica en la convocatoria. Entre los accionantes figuran Juan José Ibáñez Flores, Aruchari Cuellar, Wilfredo Walter, Leidy Leila Escobar García, Juan Carlos Mendoza Verduguez, José Ernesto Linares Mercado y Juana Atanacia Maturano Trigo.
“La Asamblea tomó una decisión arbitraria al observar a 46 postulantes por un requisito que no estaba claramente previsto en la convocatoria”, declaró Juana Maturano, exdelegada de la Defensoría del Pueblo en Chuquisaca. La postulante cuestionó además que, a diferencia de la convocatoria nacional —que no impuso esa limitación—, la instancia departamental añadió exigencias que restringieron el derecho a participar.
El abogado constitucionalista Jaime Hurtado advirtió que, debido a los plazos cortos y el efecto preclusivo, aun cuando se conceda tutela, el proceso podría continuar sin revertir la designación final, pues las listas avanzarían a La Paz.
En paralelo, a nivel nacional, el proceso que conduce la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa recibió una intervención judicial directa. La postulante María Cristina Claros, previamente inhabilitada, presentó un amparo constitucional que fue admitido, dando lugar a su habilitación provisional mientras se resuelve el fondo del recurso. La Comisión ya fue formalmente notificada.
La medida cautelar, admitida por el Juzgado Mixto de Familia, Niñez y Adolescencia, del Trabajo y Seguridad Social y de Sentencia Penal Primero de La Guardia, ordena reincorporar temporalmente a Claros y permitirle continuar con todas las etapas de evaluación —méritos, conocimientos y probidad— de forma condicionada al fallo final. “La resolución no instruye la suspensión del proceso”, aclaró Claros a EL DEBER, al sostener que su amparo solo dispone su habilitación provisional por una inhabilitación que considera injusta.
Tras conocerse la admisión, la senadora de Libre, María Elena Pachacute, alertó que la presentación de amparos podría afectar el cronograma y abrir la puerta a acciones similares de otros inhabilitados. “Es alarmante porque no se puede perjudicar este proceso”, señaló, aunque aseguró que la Comisión actuará con transparencia y resolverá con celeridad para no afectar la preselección.
Mientras se aguarda la resolución definitiva de los recursos, las decisiones judiciales reconfiguran el desarrollo del proceso y añaden un nuevo capítulo de tensión institucional en la selección de autoridades electorales, marcada por cuestionamientos, plazos ajustados y alta carga política.
El Deber
