La Fiscalía acusó este lunes de «genocidio» a la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez, a tres exministros y varios exjefes militares y policiales por la muerte de una veintena de civiles durante la crisis de 2019 y pedirá que se aplique la pena máxima de 30 años de prisión.
El fiscal general, Juan Lanchipa, informó que «se han concluido las investigaciones» en los casos de Sacaba, en el departamento de Cochabamba, y en Senkata, un barrio en la ciudad de El Alto, urbe vecina de La Paz, por lo que las comisiones de fiscales «se encuentran presentando» la acusación por esos sucesos ante los tribunales.
Lanchipa dijo que por las muertes en Sacaba (10) y Senkata (10) «se solicitará la imposición de una sentencia condenatoria con la pena máxima de 30 años de privación de libertad» por «genocidio», porque hubo una «grave vulneración a los derechos humanos» y «ejecuciones sumarias».
Tras conocer la acusación, Áñez criticó la acción del Ministerio Público y rechazó los cargos de genocidio que se le atribuyen.
“Me acusan de genocidio como si fuera Hitler, Hamás o las dictaduras que aplauden. Genocida es matar al pueblo de hambre y droga, intoxicación con mercurio o incendios, cercar ciudades, prohibir paso de oxígeno y alimentos”, publicó Áñez en redes sociales.
Denunció que la “arrancaron” de su hogar en marzo de 2021, cuando fue detenida y afirmó que “los cobardes hacen leña del árbol caído”.
Sostuvo que no habrá justicia en tanto no haya juicio de responsabilidades y Evo Morales responda ante un Tribunal.
“La venganza del MAS es dictadura pura”, afirmó la exmandataria.
Por su parte, el ministro de Justicia, Iván Lima, calificó como “un momento histórico para el país” la acusación formal contra Áñez y otras personas.
A su turno, la presidenta de la Asociación de las Víctimas de la Masacre de Senkata y Familiares de Fallecidos de noviembre de 2019, Gloria Quisbert, destacó la presentación de la acusación formal contra Áñez y sus exministros por Sacaba y Senkata.
Entre los acusados están Áñez, los exministros de Defensa, Gobierno e Hidrocarburos, Luis Fernando López, Arturo Murillo y Víctor Hugo Zamora, respectivamente, y alrededor de una treintena de excomandantes de las Fuerzas Armadas y de la Policía.
El año pasado Áñez fue sentenciada a 10 años de prisión por el caso llamado «golpe de Estado II», en el que fue acusada de situarse ilegalmente en la línea de sucesión tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia y de otras autoridades en 2019.
El oficialismo señala que en 2019 hubo un «golpe de Estado» contra Morales, mientras que la oposición sostiene que las protestas que derivaron en su renuncia fueron por un fraude a su favor en los comicios anulados de ese año.
Agencias
