En un histórico fallo, ayer, el presidente del Tribunal de Sentencia Penal Cuarto, de la ciudad de El Alto, David Kasa, determinó declarar su incompetencia y anular el juicio del denominado Caso Senkata, retrotrayendo el proceso hasta el vicio más antiguo. Luego, emitió resoluciones de libertad en favor de la expresidenta Jeanine Áñez y otros 17 coacusados, entre ellos exministros, jefes militares y policiales.
El fallo fue aplaudido por los abogados de los acusados, ya que la determinación se asumió luego de que la defensa de Áñez presentó una excepción de incompetencia, señalado que, de acuerdo a las sentencias constitucionales emitidas hace meses, su defendida solo puede ser procesada en un juicio de Corte o de Responsabilidades en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
Al finalizar, el juez Kasa señaló en su fallo que, de haber disconformidad con su decisión, las víctimas o acusadores deben solicitar el procesamiento de los involucrados, pero a través de un pliego de cargo que debe ser elaborado por la Fiscalía General, y luego el caso debe ser aprobado por la ALP, para un juicio de responsabilidades, que estará a cargo de los legisladores electos el 17 de agosto.
Camacho y Pumari
Asimismo, para hoy, se postergó la audiencia de reconsideración del tiempo de encarcelamiento de los acusados en el juicio por el presunto golpe de Estado de 2019, en el que los miembros del Tribunal Sexto de Sentencia Penal de la ciudad de La Paz, deben definir si rechazan o dan lugar al pedido de libertad del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho y el excívico de Potosí, Marco Antonio Pumari.
Recordemos que la revisión del tiempo de encarcelamiento de Pumari y Camacho, se hizo “de oficio”, es decir sin que los acusados lo hayan pedido, pero esto luego de que el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, emitiera un instructivo para que todos los jueces que tienen a su cargo procesos contra esas personas inicien esta revisión. La medida también favorecía a Áñez.
El instructivo de Saucedo, fue calificado como una medida política por parte de legisladores del MAS, debido a que se da luego de las elecciones, cuando se conoce que ese partido ya no será parte del siguiente gobierno. De esa forma se reavivó el debate sobre si la detención preventiva fue usada como instrumento de persecución política durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce.
Asimismo, ayer, reos de diferentes cárceles protagonizaron revueltas, en demanda de que también se revise los plazos procesales del 53% de los más de 33.000 privados de libertad en el país. Los pedidos fueron escuchados y ayer el TSJ y el Consejo de la Magistratura emitieron instructivos para que se proceda en ese sentido.
Juicio de responsabilidades
“Numeral uno: Se anula obrados hasta el vicio más antiguo (…) Numeral dos, por secretaría de este tribunal, se devuelva obrados y los documentos presentados como pruebas por las partes, como medios de prueba, ante el juzgado de origen, Juzgado Anticorrupción Primero de la ciudad de El Alto”, señalan las dos primeras consideraciones del fallo emitido por el juez Kasa.
El numeral número tres, inicialmente señalaba que el juez de origen defina si daba libertad a todos los acusados. No obstante, los abogados de los acusados pidieron una rectificación, con la explicación de que al declarar que la justicia ordinaria ya no es competente para tratar este caso, no se podía volver a delegar esa responsabilidad a un juez cautelar.
En ese sentido, minutos después, luego de escuchar las objeciones de los acusados y el fundamento de los otros abogados de la defensa, el juez Kasa determinó rectificar y emitir los mandamientos de libertad.
Antecedentes
La acusación del caso fue presentada el 23 de octubre de 2023, por el entonces fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, quien informó que se sometería a juicio a 18 exautoridades, por el delito de genocidio. Todos eran procesados por los hechos de violencia suscitados el 19 de noviembre de 2019, en inmediaciones de la Planta de Yacimiento Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) – Senkata de la ciudad de El Alto, que dejó como saldo 10 fallecidos por impactos de proyectiles de arma de fuego y múltiples heridos.
Además del Ministerio Público, entre los acusadores estaban la Procuraduría General del Estado y los ministerios de Gobierno y Justicia, con el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (Sepdavi).
En contraparte, los representantes de la parte acusadora, expresaron su rechazo a la determinación y anunciaron que apelarán el fallo.
ENFERMOS Y REBELDES
Exministros
Entre los acusados del caso Senkata, estaban tres exministros y militares declarados en rebeldía.
Salud
En la audiencia de ayer, varios de los militares detenidos denunciaron que su salud se había deteriorado en la cárcel.
El Deber
