El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, comparecerá mañana martes ante la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), para dar un informe oral sobre el tema de los autos robados en Chile, motorizados que luego eran vendidos en una feria del municipio de Yapacaní, en Santa Cruz, caso en el que se vieron involucrados varios uniformados. Lo hará un año después del escándalo internacional, y luego de que uno de los policías y principal sindicado fue beneficiado con un sobreseimiento en la Policía Boliviana.
“Informe si además del (ex)subdirector de Diprove en Santa Cruz, coronel Rolando Téllez y el (ex) comandante de la Policía de Uyuni, coronel Raúl Cabezas Pantoja, existen otros efectivos policiales implicados en la reciente, escandalosa e ilegal comercialización en Bolivia de vehículos robados en Chile. De ser afirmativa su respuesta precise nombres, apellidos, grados y acciones que se hubieren tomado contra estos”, señala la pregunta tres de las 14 que figuran en la petición de informe oral (PIO) solicitada por los diputados de oposición.
Marcelo Pedrazas, Alberto Astorga y Daniel Prieto Tomelich, de la bancada de Comunidad Ciudadana (CC), además de María René Álvarez, de Creemos, hicieron la petición el 3 de mayo, un día después de que el canal chileno, Meganoticias, publicó un reportaje sobre la venta de autos indocumentados en la feria de Yapacaní, hecho en el que se evidenció la participación de los policías de la Dirección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove).
Varios de esos motorizados ofrecidos en esa feria eran robados en Chile, Argentina y Brasil. En la pregunta siete también se menciona: “Informe qué antecedentes documentales se llegaron a colectar, investigación de por medio, hasta la fecha, en relación a la señora Zulema Cabezas Pantoja (hermana de uno de los coroneles implicados en el escandaloso hecho delictivo)”.
Sin embargo, desde la Fiscalía de Santa Cruz y el Tribunal Disciplinario Superior de la Policía se informó que no existe sanción contra ningún policía sobre este tipo de hechos.
Las consultas hechas en la PIO, por los legisladores, se basaban en los nexos entre vendedores de los autos robados en la feria de Yapacaní y los jefes policiales, hecho revelado en el reportaje chileno, cuyo protagonista era Hugo Bustos, líder del Grupo de Búsqueda de Vehículos (GBV) de Chile. Fue el extranjero quien, según se constata en los videos, fue grabado mientras recibía llamadas de los policías implicados, quienes en una primera instancia lo amenazaron a él y a su equipo de trabajo, para evitar que estos recuperen los motorizados robados y ubicados en esa feria, como fue el caso de Téllez.
En el reportaje también se establece que Bustos recibió las llamadas del coronel Cabezas para “negociar” la entrega de un motorizado robado en Chile que él tenía en su poder. Fueron esos indicios los que sirvieron para que él sea detenido y luego encarcelado, el entonces comandante de la Policía y actual viceministro de Régimen Interior, Jhonny Aguilera, aseguró ante la Asamblea Legislativa que Cabezas había tenido ese contacto con el Chileno.
Bustos llegó con el equipo de prensa de Meganoticias y grabó esas conversaciones telefónicas entre el investigador de GBV y los policías bolivianos implicados. Sólo dos días después, el ministro de Gobierno informó que se ordenó la remoción de 130 policías de Diprove Santa Cruz, pero luego de ellos no se conoció de sanción alguna contra los involucrados.
Al contrario, en marzo de este año, el Comando General de la Policía confirmó a Página Siete que el proceso penal abierto contra Cabezas fue cerrado por falta de un denunciante. En tanto, en la vía disciplinaria el caso terminó con una resolución de absolución en su favor, por falta de pruebas.
El caso aún se encuentra en etapa de apelación en el Tribunal Disciplinarios Superior de la institución. Desde el Comando de la Policía se explicó que antes de que se emita un fallo final, se solicitará nuevamente un informe a la Fiscalía de Santa Cruz.
Al margen de los casos contra Cabezas, se conoció el inicio de procesos penales y disciplinarios contra Téllez y el capitán Javier Alberti, este último también detenido por posesión de un auto robado en Chile, actualmente también está imputado por un atraco a otro boliviano.
Si bien Alberti fue dado de baja de la Policía, la sanción se aplicó por deserción, debido a que faltó a su fuente laboral y no así por el robo de vehículos en Chile. Mañana martes, desde las 14:30, Del Castillo será interpelado en la ALP sobre el tema y deberá responder a 14 preguntas.
Página Siete
