Bolivia termina el año 2025 con la peor calificación de los últimos años en el Índice Mundial de Innovación (IMI), elaborado por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés).
El ranking, publicado en septiembre en Ginebra, Suiza, ubica a Bolivia en el puesto 111 —de 139 economías medidas— 11 puestos más abajo que en 2024. En 2020 la ubicación estuvo en el 105, en 2021 en el 104, el 2022 no hubo datos y en 2023 fue la mejor calificación de los últimos años, cuando se ubicó en el puesto 97.
El IMI clasifica las economías mundiales en función de su capacidad de innovación. El Índice, que está compuesto por unos 80 indicadores agrupados en recursos y resultados en materia de innovación, tiene por objeto reflejar las facetas multidimensionales de la innovación.
Suiza, Suecia, Estados Unidos, Corea del Sur y Singapur son las economías más innovadoras y China ingresó por primera vez al top 10. El informe destaca un panorama de innovación complejo, con avances tecnológicos notables en IA y computación cuántica, pero con una desaceleración en la inversión y la financiación.
Según el reporte específico de Bolivia, su ranking en subíndices es peor para los ‘outputs’ (producción) de innovación que para los ‘inputs’ (aporte). El informe sugiere que para mejorar en el IMI, Bolivia necesitaría fortalecer tanto la inversión en I+D, mejorar el entorno institucional, facilitar financiamiento, es decir, más apoyo a patentes, creación de clústeres de innovación y redes empresariales.
Lo que el gobierno propone
El presidente Rodrigo Paz, desde que se lanzó en campaña para las pasadas Elecciones Generales, puso la tecnología como el foco principal para la modernización del Estado.
Propuso digitalizar completamente el sistema judicial, usar inteligencia artificial y blockchain para garantizar transparencia, impulsar cooperación internacional para transferencia tecnológica y abrir el mercado satelital con la licencia para Starlink, con el fin de cerrar la brecha digital.
En múltiples anuncios, Paz ha señalado que su gobierno será un “gobierno de la ciencia, la tecnología y la innovación” y, hace pocos días, lanzó formalmente la creación de un Sistema Nacional de Expedientes Digitales. En la inauguración del Diálogo Interinstitucional para la Reforma Judicial en Sucre, anunció que todos los procesos serán digitalizados, lo que eliminará archivos físicos y reforzará la seguridad, trazabilidad y transparencia de los documentos judiciales.
Paz también ha fortalecido vínculos con Alemania y Japón, anunciando una agenda de transferencia tecnológica, inversiones y modernización institucional. En particular, su encuentro con el canciller alemán fue presentado como una apertura al mercado europeo y a la tecnología de punta para Bolivia.
Además, el plan gubernamental incluye una reforma aduanera con un componente tecnológico y de transparencia. Propone transformar la Aduana Nacional hacia un modelo público-privado que compita por brindar mejores servicios, reducir corrupción y simplificar procesos para empresas y ciudadanos.
Sin embargo, algunos analistas creen que el salto tecnológico tardará un tiempo para Bolivia, ya que primero deben atacarse problemas estructurales como el tipo de cambio para el dólar, la escasez de divisas y combustibles y volver a contar con el respaldo de las Reservas Internacionales Netas (RIN) del Banco Central de Bolivia (BCB).
¿Por dónde empezar?
Carlos Corrales, gerente general de la empresa tecnológica Tesabiz, manifestó que el Estado no puede digitalizar todo al mismo tiempo, pero sí puede comenzar por las áreas donde la tecnología genera ahorro inmediato, orden administrativo y reducción de corrupción. En criterio del experto, el nuevo gobierno debe enfocarse en gestión pública, transparencia y control de subsidios, porque allí “la tecnología genera ahorro, orden y reducción de corrupción”.
Corrales considera indispensable la implementación de un sistema integrado de finanzas públicas y compras estatales, acompañado de un control digital del subsidio a los combustibles. Señala que este primer paso permitiría “liberar recursos para financiar las siguientes etapas”, entre ellas la inclusión financiera mediante pagos electrónicos interoperables y una formalización más ágil de las pymes.
También planteó avanzar hacia sistemas de denuncias digitales, expedientes judiciales trazables y gestión electrónica de casos, con tecnologías como ‘time stamp’, que garanticen transparencia en procesos sensibles.
Sobre el financiamiento, el especialista propone reorientar el gasto ineficiente, acudir a créditos de organismos multilaterales y establecer alianzas con empresas tecnológicas bajo esquemas modulares y pagos por resultados.
Respecto a la digitalización avanzada, remarcó que Bolivia debe priorizar la interoperabilidad y no plataformas gigantescas. “No es centralizarlo todo, es lograr que los sistemas se hablen”, afirmó, señalando la necesidad de conectar impuestos, aduana, justicia, policía y entidades financieras, bajo un marco común.
En este proceso, el uso de blockchain debe aplicarse “solo donde aporte valor real”, como en licitaciones o trazabilidad de combustibles, mientras que la inteligencia artificial podría fortalecer la labor de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) mediante auditorías automatizadas, siempre bajo un sólido marco legal.
Finalmente, Corrales advierte que sin un pacto político mínimo, identidad digital masiva y talento humano capacitado, cualquier intento de modernización será frágil. Asegura que Bolivia no necesita una revolución, sino “un camino realista, secuencial y medible, donde lo digital sirva para recuperar confianza y estabilidad económica” y avanzar hacia un Estado más eficiente y transparente, expresó.
Industriales
Por su parte, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) consideró que el nuevo gobierno debe encarar la modernización del Estado con una estrategia que articule tecnología, formalización y un marco normativo renovado para impulsar un verdadero salto industrial.
La institución recordó que durante más de una década la participación industrial se mantuvo alrededor del 16% del PIB y que, para cambiar esa tendencia, el país necesita un crecimiento superior al 7% anual y una industrialización que supere el 20% hacia 2030.
La CNI enmarca estas metas en la denominada Agenda Industrial de Bicentenario, una propuesta que busca impulsar tanto a las industrias actuales como a nuevos desarrollos en los nueve departamentos. En la propuesta, remarca que el Estado tiene un rol “relevante y fundamental” y que es urgente abrir espacios de cooperación con los gobiernos nacional y subnacionales, porque “la alianza pública–privada es uno de los pilares centrales del proceso industrializador”, señaló el gremio.
La agenda plantea 10 pilares estratégicos que van desde la lucha contra la informalidad y el contrabando hasta la modernización laboral, tributaria y de inversiones. Uno de los puntos más vinculados con la transformación tecnológica es la necesidad de reducir la burocracia estatal a través del uso intensivo de las Tecnologías de Información y Comunicación, con el fin de agilizar trámites, mejorar la logística y facilitar la producción y comercialización.
Según el documento, la industrialización también requiere un enfoque ambiental moderno, dado que los industriales “trabajan en el marco de los Objetivos del Milenio” y buscan sostener procesos productivos más limpios y responsables. Junto a ello, la organización advierte que la seguridad jurídica es determinante, porque la continua modificación de normas laborales, tributarias o de inversión “genera incertidumbre y restringe la inversión”.
Finalmente, la entidad aseguró que ya ha transmitido a las nuevas autoridades los lineamientos esenciales para encaminar el desarrollo industrial hacia 2030. “La agenda desarrolla los aspectos centrales para promover la ruta del desarrollo industrial”, explicó el gremio empresarial.
Primero la educación
El pedagogo y filósofo Néstor Ariñez consideró fundamental acortar la brecha digital en la educación boliviana y aplicar adelantos tecnológicos como laboratorios de computación, conexiones veloces a internet, suscripciones a bibliotecas digitales y uso de herramientas de IA, entre otras.
“Sin embargo, la primera tecnología que debemos revisar es la didáctica docente”, afirmó, a tiempo de advertir que si los estudiantes no dominan lectura, lógica y razonamiento matemático, “no podrán llegar a leer códigos, a programar con base en pasos lógicos y a aplicar las matemáticas al mundo de la tecnología”.
Ariñez cuestionó la precariedad de la educación pública. “¿Cómo podemos hablar de internet, de inteligencia artificial, realidad aumentada, laboratorios de robótica, etc., si las condiciones básicas, aulas, iluminación, ventilación, sillas y mesas, baños, son precarias?”, señaló.
Sobre la IA, subrayó que “debe estar al servicio de las decisiones pedagógicas y no al revés”, y que el Estado debe definir primero su rumbo educativo. Añadió que el docente, debe estar formado en pedagogía y neurociencia, porque cada niño “es como tierra sagrada a quien debe respetar profundamente”.
Áreas prioritarias
- Gestión pública. Modernizar el Estado y reducir la corrupción.
- Educación. Cerrar la brecha digital y formar capital humano.
- Salud. Mejorar cobertura, prevención y eficiencia.
- Energía. Diversificar la matriz energética y proteger ecosistemas.
- Transporte. Hacer más eficiente la movilidad y logística.
- Finanzas. Formalizar la economía y dinamizar las pymes
Lo que se avanzó
La administración del expresidente Luis Arce anunció en febrero de 2025 la creación de la Plataforma Digital del Estado Plurinacional de Bolivia, uno de los pocos avances implementados en materia tecnológica, para que la población acceda a información pública, a servicios de las entidades e instituciones públicas, y realice trámites.
El marco normativo para la constitución de este espacio lo dio el Decreto Supremo 5340, aprobado en el gabinete de ministros presidido por el presidente Luis Arce.
“Su nombre será ‘gob.bo’, bajo el dominio web de www.gob.bo, y tendrá el objetivo de facilitar el acceso a la información pública, trámites y servicios de las entidades e instituciones públicas del Estado. La web es administrada por la Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de Información y Comunicación (Agetic)”, indicó en la oportunidad la agencia estatal de noticias ABI.
Actualmente, el portal está habilitado con acceso a “Trámites más buscados” como de la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), Senamhi, ZofraCobija, DGAC, entre otros. Cuenta con categorías como Comercio Exterior, Educación, empresas, Impuestos o Justicia y ‘Eventos de vida’ como Compra de vivienda, Cuidado de salud, Empleo o Jubilación.
En la plataforma están presentes unas 600 entidades, tanto del órgano Ejecutivo, empresas estatales y gobiernos subnacionales como municipales y departamentales.
Los órganos Legislativo, Judicial, Electoral y otras entidades públicas del nivel central del Estado, podrán solicitar su inclusión en la plataforma “gob.bo”, al igual que las entidades territoriales autónomas.
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha contra la Corrupción, es responsable del seguimiento al registro y actualización periódica de los contenidos mínimos de los portales y/o páginas web institucionales.
La norma aclara que en la web no se encuentra información relativa a la defensa nacional, seguridad del Estado.
El Deber
