Un recurso de aclaración en los siguientes 15 días y otro de revisión en 90 días son las dos opciones que tiene Bolivia ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA). El ministro de Justicia, Iván Lima aseguró que el país apelará a ambas vías ante el fallo que obliga a Bolivia a vender combustibles a precio subvencionado a transportistas peruanos.
“Estamos trabajando para cumplir esos dos plazos que tenemos”, dijo la autoridad en conferencia de prensa.
El 17 de julio de este año, el tribunal de la TJCA falló contra Bolivia y dispuso que en 90 días debe cesar la venta diferenciada de combustibles a los transportistas peruanos. Éstos últimos podrán acceder a combustible subvencionado a su paso por Bolivia. Uno de los magistrados que votó contra el país fue el juez boliviano, Gustavo García Brito, y el Gobierno ya anunció medidas por esa razón.
El ministro Lima explicó que son dos procesos que caben contra el magistrado que representa al país. El primero que está vinculado a la forma cómo fueron designados García Brito y otros dos magistrados suplentes ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN).
“Lo más grave es que quien fue a elegir en Ecuador (al juez representante de Bolivia) no era (embajador) plenipotenciario, que nos muestren cuál ha sido la designación como embajador que ha tenido el señor que fue a votar y elegirlo a García Brito en la reunión de plenipotenciarios en Ecuador, no la tienen, ni (Jeanine) Áñez ni (Karen) Longaric, ni el representante en Ecuador”, detalló Lima.
Según la Constitución Política del Estado, los embajadores deben ser designados por el Senado por dos tercios de votos de los presentes. El Gobierno de Áñez no designó ningún embajador a través de ese mecanismo y recurrió a nominaciones presidenciales, como fue el caso de Mohammed Mostajo Radji o Walter Serrate.
El otro aspecto que explicó Lima fue la situación de García Brito. Según la autoridad, el juez renunció a su cargo de magistrado de la TJCA el 19 de junio de este año, sin embargo, se le permitió oficiar de juez en la audiencia del 17 de julio cuando se dictó la sentencia contra Bolivia. Por tanto, ese hecho permite que el Estado pueda procesar al magistrado de la TJCA.
Más adelante, explicó que mientras no se concluyan con todos los recursos que franquea el propio Estatuto de la TJCA, el Estado boliviano no está obligado a vender a precio subvencionado la gasolina y el diésel a los transportistas extranjeros.
“La situación que se ha generado a partir de este caso está siendo evaluada por el ministerio de Hidrocarburos, en cuanto al monto económico que puede afectar y la situación que generar respecto al contrabando, todos estos aspectos están siendo trabajada por el Gobierno”, afirmó.
El Deber
