La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió formalmente una demanda en contra del Estado boliviano, a denuncia de 16 jueces y un fiscal de materia, despedidos injustamente por el Consejo de la Magistratura y el exfiscal general Ramiro Guerrero y que obliga a Bolivia a pagar un resarcimiento de aproximadamente 4,5 millones de dólares o de lo contrario ir a juicio ante Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Arturo Yáñez, abogado de los 16 jueces y un fiscal peticionantes, informó que el viernes por la noche recibió la notificación de la resolución que admite la solicitud de sus defendidos, lo que significa que la CIDH ha reconocido formalmente la vulneración de sus derechos.
“La CIDH está admitiendo (vulneraciones) respecto de derechos políticos, debido proceso, igualdad ante la ley, por la discriminación que sufrieron al ser despedidos con el pretexto de que eran transitorios y por desarrollo progresivo que tiene que ver con derechos económicos: derecho al trabajo, discapacidad y otros”, manifestó Yáñez.
El abogado explicó, que a partir de esta admisión corre un plazo de cuatro meses para la presentación de observaciones por parte del Estado demandado y los peticionantes y la CIDH elaborará su informe final que debería concluir con el establecimiento de responsabilidades internacionales contra el Estado y presentarlo ante la Corte IDH.
¿SOLUCIÓN AMISTOSA?
Con esta admisión formal, Yáñez considera que el Estado debe llegar a una solución amistosa, “que pasa por el resarcimiento a estos 17 funcionarios que fueron despedidos de forma indebida y que paradójicamente, los jueces, vocales y magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) no han tutelado sus derechos y terminarán siendo ajusticiados por el sistema interamericano”.
Yáñez dijo que se debería continuar con “el proceso de exploración” iniciado por la Procuraduría General del Estado, para llegar a una solución amistosa que pasa por la devolución de todos los haberes que dejaron de percibir los peticionantes durante estos años; “estamos hablando de más o menos 4,5 millones de dólares en conjunto y los resarcimientos morales, las disculpas del Estado de manera pública y otro tipo de medidas”.
RESARCIMIENTO
Según el abogado Arturo Yáñez, no sería justo que el Estado asuma las millonarias indemnizaciones generadas por los delitos cometidos por magistrados, jueces, vocales y fiscales. Aunque inicialmente el Estado pagará dichas indemnizaciones, está obligado a exigir el reembolso a quienes incumplieron su deber de garantizar la justicia.
Correo Del Sur
