La denuncia penal contra los cívicos por las protestas durante las fiestas de fin de año en Santa Cruz todavía no se concreta con notificaciones a los interesados, para comunicarles el inicio de las investigaciones. El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, es el único procesado con 15 causas y cederá su cargo a su sucesor el próximo 11 de febrero.
No había corrido ni la primera semana de enero, cuando el Comité Impulsor de Justicia (CIJ) en Sucre presentó una querella penal contra Calvo, presidente del comité; el primer vicepresidente de esa institución, Fernando Larach Santistevan; y el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista (UJC), Ernesto Vaca Vilasboas, por la toma y quema de entidades públicas durante las protestas de las fiestas fin de año.
Las protestas en Santa Cruz sucedieron desde el 28 de diciembre, cuando el gobernador del departamento, Luis Fernando Camacho, fue arrestado y llevado a La Paz para procesarlo por el delito de terrorismo, dentro del caso golpe de Estado I. En la actualidad está con detención preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro.
Según el anuncio, la denuncia es por los delitos de conspiración, instigación pública a delinquir, terrorismo, financiamiento al terrorismo, atentado contra miembros de seguridad del Estado, atentado contra bienes públicos, destrucción y deterioro de bienes del Estado y de la riqueza nacional, y daño calificado.
En las manifestaciones se quemó por completo el edificio de la Fiscalía de Santa Cruz y otras oficinas públicas también fueron atacadas. En la primera semana de enero, la justicia ya contaba 26 personas sentenciadas con condena y unas 40 procesadas por esos hechos.
Por ahora las protestas continúan con algunas oficinas públicas tomadas simbólicamente y protestas de distinta naturaleza en las que se expresan bandas musicales, expresiones religiosas y hasta churrascos.
¿Qué denuncia?
A pesar de la demanda hecha pública, el abogado del Comité pro Santa Cruz, Martín Camacho Chávez, explicó que los cívicos Calvo, Larach y Vaca no recibieron hasta el momento ninguna notificación con la denuncia.
“Ante la ausencia de la notificación, el proceso es desconocido para nosotros. En realidad, jurídicamente el conocimiento del proceso se da con la primera notificación en la que se hace conocer a una persona que está siendo investigada. Esto no ha sucedido en los últimos casos”, manifestó Camacho Chávez. Lo que sí se sabe es que las denuncias fueron admitidas por el Ministerio Público.
La persecución penal afecta por ahora principalmente al presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz. Camacho explicó que “la persona que ha sido más atacada desde el poder judicial, como un instrumento de represión política, ha sido el doctor Calvo. Él enfrenta 15 procesos penales, todos abiertos desde el inicio de su gestión, cuando asume el mandato que no concluyó Luis Fernando (Camacho) por su candidatura política”.
A raíz de sus dos gestiones en el Comité, Calvo atraviesa procesos penales y por uno de ellos se mantuvo con detención domiciliaria durante los 36 días de paro. Sin embargo, este último proceso anunciado tampoco le fue notificado. Lo mismo pasa con Fernando Larach, primer vicepresidente del Comité Cívico, junto con Stello Cochamanidis, segundo vicepresidente. Ambos acaban de fenecer en su mandato en el ente cívico y no se sabe si volverán a postularse para renovar el directorio el 11 de febrero.
En todo caso, un proceso penal no perjudicaría a Larach para continuar vinculado a esa entidad, en cuya estructura administrativa ha participado en años anteriores, en los cargos de director y director tesorero, y como presidente de los Comités Cívicos Provinciales.
El presidente de la UJC, Ernesto Vaca Vilasboas, tampoco respondió a los requerimientos de Página Siete. Un allegado suyo dijo que tenía mucho trabajo en su actividad particular después del paro, y él mismo se excusó al declarar que estaba en una reunión.
Vaca fue un activo militante cívico durante el paro de los 36 días, en los que la UJC se destacó en tareas de cierre de bares, negocios y fiestas nocturnas.
Las protestas de fin de año fueron tan intempestivas que la UJC no hizo publicaciones sobre sus acciones en sus redes sociales.
“Llegué a la presidencia (UJC) hace menos de cuatro meses, hubo elecciones después de 16 años. Más que nunca estamos viviendo la persecución no sólo de las instituciones cruceñas sino del mismo pueblo”, dijo Vaca en un programa de análisis político.
El abogado Martín Camacho explica que “la lucha cívica es una actividad que no se puede disimular fácilmente”, pero es cierto que tener una persecución penal sobre la cabeza hace que las personas se manejen con más cuidado. “El uso de la administración de justicia, del Ministerio Público como arma o herramienta de represión política, las constantes persecuciones en todos los ámbitos, laboral, procesos penales, las restricciones de sus libertades, va a ser constante entretanto no se logre la independencia del poder judicial, y el poder ejecutivo deje de presionar a las autoridades judiciales”, sostuvo Camacho.
Por los 36 días
Cada medida de presión de los cívicos deriva en procesos judiciales. El 30 de noviembre, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, confirmó que la institución admitió tres denuncias contra Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, por los sucesos ocurridos entre octubre y noviembre, durante el paro de los 36 días.
También en este caso, el Comité Impulsor de Justicia tiene una denuncia contra Vicente Cuéllar y Reiniero Vargas, rector y vicerrector de la Uagrm, por los delitos de separatismo, atribuirse los derechos del pueblo, conspiración y otros. La demanda se sustenta en que, en el cabildo del 13 de noviembre, durante los 36 días de paro, el comité interinstitucional propuso revisar la relación de Santa Cruz con el Estado.
En la oficina del rector Cuéllar informaron que desconocen de un proceso abierto en su contra, puesto que hasta el momento no fue notificado. La autoridad universitaria estuvo la semana pasada en Sucre, aunque se dijo que hizo gestiones administrativas propias de la universidad.
El caso que sí está en marcha es el del subgobernador de la provincia Ñuflo de Chávez, Daniel Velásquez, quien durante el paro cívico tuvo un altercado con un grupo del pueblo ayoreo en Concepción, cuando éstos bloqueaban la carretera en contra del paro cívico y él intentó azotar a las mujeres con un cable.
Velásquez fue sometido a medidas cautelares por el delito de racismo y discriminación, además de lesiones graves. En diciembre, cuando el paro ya había terminado, fue arrestado.
El juez le impuso una medida sustitutiva a la detención en el recinto penitenciario y una fianza de 20.000 bolivianos.
En ese lapso, el ingeniero forestal fue respaldado por la Unión Juvenil Cruceñista.
“Ante la ausencia de la notificación, el proceso contra Rómulo Calvo es desconocido para nosotros”.
Martín Camacho, abogado
“Estamos viviendo la persecución no sólo de las instituciones cruceñas, sino del mismo pueblo”.
Ernesto Vaca Vilasboas, UJC
Calvo, el médico que suma demandas y está sin trabajo
En los dos años al frente del Comité Cívico pro Santa Cruz, el médico proctólogo Rómulo Calvo acumuló demandas judiciales y administrativas, fue destituido de su trabajo en la Caja Petrolera y guardó encierro domiciliario por orden judicial.
“Rómulo sí ha tenido que bajar tal vez un poco la intensidad de sus actividades, por las medidas cautelares y el arresto domiciliario que tiene en horario nocturno”, sostuvo Martín Camacho, abogado del Comité pro Santa Cruz que representa al cívico.
En noviembre de 2019, Luis Fernando Camacho renunció a la presidencia del Comité para postularse a las elecciones nacionales. Calvo asumió esa responsabilidad en ese momento, y posteriormente se presentó a elecciones en las que fue electo para la gestión 2021-2023. Ahora, entregará la presidencia del ente cívico el próximo 11 de febrero para otra gestión que se extenderá entre 2023 y 2025.
En octubre de 2022, el Gobierno central informó que Calvo había enfrentado 35 procesos penales desde 2003 cuando fue concejal por Unión Cívica Solidaridad (UCS) en el municipio cruceño. En esa posición le tocó ser alcalde interino entre octubre de 2004 y enero de 2005, aparte de su trabajo en la Caja Petrolera.
El abogado Martín Camacho explica que Rómulo Calvo tiene 15 procesos penales, incluidos los iniciados por el exalcalde Percy Fernández, ambos por uso indebido de influencias. En otro proceso abierto por el gobierno municipal, por contratos lesivos al Estado, obtuvo una sentencia absolutoria. Tiene otro proceso iniciado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por calumnias e injurias; otro por la diputada Estefanía Morales por atribuirse los derechos del pueblo, que fue rechazado, y uno más por el diputado Gualberto Arispe por discriminación que fue cerrado por duplicidad.
La demanda más reciente, conocida por su abogado, fue puesta en la ciudad de La Paz por Aldo Michel y otros por los delitos de sedición, conspiración, instigación pública a delinquir y atentados contra la libertad y el trabajo.
En los dos años al frente del Comité Cívico pro Santa Cruz, el médico proctólogo Rómulo Calvo acumuló demandas judiciales y administrativas, fue destituido de su trabajo en la Caja Petrolera y guardó encierro domiciliario por orden judicial.
“Rómulo sí ha tenido que bajar tal vez un poco la intensidad de sus actividades, por las medidas cautelares y el arresto domiciliario que tiene en horario nocturno”, sostuvo Martín Camacho, abogado del Comité pro Santa Cruz que representa al cívico.
En noviembre de 2019, Luis Fernando Camacho renunció a la presidencia del Comité para postularse a las elecciones nacionales. Calvo asumió esa responsabilidad en ese momento, y posteriormente se presentó a elecciones en las que fue electo para la gestión 2021-2023. Ahora, entregará la presidencia del ente cívico el próximo 11 de febrero para otra gestión que se extenderá entre 2023 y 2025.
En octubre de 2022, el Gobierno central informó que Calvo había enfrentado 35 procesos penales desde 2003 cuando fue concejal por Unión Cívica Solidaridad (UCS) en el municipio cruceño. En esa posición le tocó ser alcalde interino entre octubre de 2004 y enero de 2005, aparte de su trabajo en la Caja Petrolera.
El abogado Martín Camacho explica que Rómulo Calvo tiene 15 procesos penales, incluidos los iniciados por el exalcalde Percy Fernández, ambos por uso indebido de influencias. En otro proceso abierto por el gobierno municipal, por contratos lesivos al Estado, obtuvo una sentencia absolutoria. Tiene otro proceso iniciado por el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, por calumnias e injurias; otro por la diputada Estefanía Morales por atribuirse los derechos del pueblo, que fue rechazado, y uno más por el diputado Gualberto Arispe por discriminación que fue cerrado por duplicidad.
La demanda más reciente, conocida por su abogado, fue puesta en la ciudad de La Paz por Aldo Michel y otros por los delitos de sedición, conspiración, instigación pública a delinquir y atentados contra la libertad y el trabajo.
Página Siete
