Cinco manifestantes más murieron este lunes en las protestas en Perú que reclaman la renuncia de la flamante presidenta Dina Boluarte, lo que elevó a siete el total de fallecidos desde el domingo por la tarde, pese a la propuesta de la mandataria de adelantar elecciones para abril de 2024.
Uno de los decesos del lunes ocurrió en Arequipa, segunda ciudad de Perú, durante la actuación policial para recuperar la pista de aterrizaje del aeropuerto tomada por unos 1.500 manifestantes.
Otros cuatro civiles fallecieron durante marchas repelidas por policías antimotines en Chincheros y Andahuaylas, en el departamento de Apurímac, cuna de Boluarte.
“Tenemos reportado siete personas fallecidas en las regiones Abancay y Arequipa” desde el domingo, dijo a la AFP una fuente de la Defensoría del Pueblo.
Entre los muertos figuran tres adolescentes que tenían entre 15 y 16 años.
En Chincheros, los manifestantes incendiaron la sede de la fiscalía y una comisaría.
En el aeropuerto de Arequipa estalló una batalla campal cuando la policía desalojó a los manifestantes que bloquearon la pista de aterrizaje con piedras, palos y neumáticos en llamas, constató un fotógrafo de la AFP en el lugar.
La policía los enfrentó con gases lacrimógenos y retomó el control de la pista al cabo de tres horas, añadió.
Los manifestantes, algunos vestidos con sombreros y trajes tradicionales, quemaron casetas de seguridad y destruyeron la iluminación de la pista de aterrizaje. El aeropuerto cerró y dejó varados a decenas de pasajeros.
También en Arequipa, la fábrica de lácteos Gloria, una de las más grandes del país, fue ocupada a la fuerza por manifestantes, según imágenes de televisoras.
En Lima, cientos de manifestantes fueron dispersados por la policía con gases lacrimógenos en su intento por llegar al Congreso.
El gobierno declaró el lunes el estado de emergencia por 60 días en 7 provincias de la región Abancay.
El expresidente Pedro Castillo está detenido por orden de un juez tras su fallido autogolpe de Estado el miércoles y posterior destitución por parte del Congreso. Fue reemplazado constitucionalmente en la jefatura del Estado por su vicepresidenta, Dina Boluarte.
“El presidente Castillo no está bien de salud, se ha pedido la intervención de la Cruz Roja Internacional para que venga y constatar la salud del presidente. Interponemos habeas corpus para obtener su inmediata libertad es su derecho”, dijo a la prensa el abogado Ronald Atencio.
Protestas en aumento
El anuncio de la presidenta Boluarte de enviar al Congreso un proyecto de ley para adelantar las elecciones de abril de 2026 a abril 2024 atizó a los manifestantes, que exigen la liberación de Castillo, el cierre del parlamento y comicios inmediatos.
En un intento por frenar las manifestaciones, el gobierno cesó el lunes a los 26 prefectos regionales del país, nombrados por el gobierno de Castillo, bajo el argumento de que “azuzan las protestas”.
Mientras tanto, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se declaró “profundamente preocupada por la posibilidad de una escalada de la violencia”.
“Dada la cantidad de protestas, incluidas huelgas, previstas esta semana, hacemos un llamado a todos los involucrados para que ejerzan moderación”, indicó en un comunicado emitido en Ginebra.
Las movilizaciones crecen desde el domingo en varias ciudades del norte y sur andino.
En general, Lima siempre le dio la espalda a Castillo, un maestro rural y líder sindical sin contacto con las élites, mientras que las regiones andinas se han identificado con él desde las elecciones de 2021.
AFP
