Tras el fallo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), que ordena a Bolivia pagar $us 105 millones a BBVA por la nacionalización de la administradora de fondo de pensiones BBVA Previsión, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, sugirió que se aplique el artículo 113 de la Constitución Política del Estado (CPE) para que los funcionarios responsables del caso paguen la indemnización con dinero de sus bolsillos.
¿Qué establece la Ley? El parágrafo II del artículo 113 de la CPE establece que en caso de que el Estado sea condenado a la reparación patrimonial de daños y perjuicios, deberá interponer la acción de repetición contra la autoridad o servidor público responsable de la acción u omisión que provocó el daño.
En este caso, las responsabilidades apuntan al procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, por lo que opositores y jubilados también piden su renuncia y que se le inicie un proceso por la millonaria suma que le significa al país y que tiene en vilo a los beneficios de las AFP.
No obstante, también responsabilizan al expresidente Juan Evo Morales y a los procuradores que lo acompañaron en su gestión y durante la nacionalización del sistema de pensiones.
Manuel Morales sugirió que legisladores emprendan la acción de repetición para que los funcionarios responsables del arbitraje paguen con sus bienes la indemnización. “El MAS tiene que pagar, los que han estado gobernando este país que paguen, que saquen de sus bolsillos, porque el daño que se ha ocasionado no ha sido hecho por parte de los jubilados, ni de la sociedad civil», dijo, en declaraciones recogidas por Erbol.
Para el representante del Conade, el responsable de este fallo desfavorable para Bolivia es el mismo Estado y los funcionarios públicos que andan pensando más en temas político, «llenándose la boca de que en Bolivia hubo golpe de Estado y contando actas electorales» de los comicios fallidos de 2019.
El dirigente opositor instó a que se haga de inmediato la acción de repetición, el cálculo del daño económico, para proceder a la inmovilización de los bienes de los funcionarios responsables, tema que también alcanzaría al presidente Luis Arce Catacora, ya que en su gestión como ministro de Economía no se pudo concretar el funcionamiento de la Gestora Pública.
El Deber
