El Congreso de Perú, dominado por la derecha, anunció que decidirá en dos semanas si abre un antejuicio al presidente izquierdista Pedro Castillo después de que la Fiscalía lo acusara por el presunto delito de organización criminal.
“Tenemos 10 días hábiles para determinar si procede o no”, dijo a la prensa Lady Camones, quien encabeza la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, a la que compete la decisión.
Esta subcomisión es la primera valla que debe superar en el Congreso la denuncia de la fiscal general, Patricia Benavides, contra Castillo, una situación sin precedentes en Perú. Tras avanzar en varias instancias, el proceso puede desembocar en su separación del cargo.
La Fiscal de la Nación presentó el martes una denuncia constitucional contra Castillo por el delito de organización criminal en un documento entregado al Congreso. “Es un hecho histórico que pone en riesgo la democracia y la estabilidad política de nuestro país”, dijo Camones sobre la situación actual.
La denuncia incluye a dos exministros acusados de tráfico de influencias: Juan Silva, extitular de Transportes y Comunicaciones, y Geiner Alvarado, extitular de Vivienda, a quienes se sindica como parte de la organización que supuestamente dirige Castillo desde la Presidencia.
Castillo acumula seis indagaciones en su contra desde que asumió el poder hace 15 meses. Los casos incluyen a su entorno familiar, como su esposa, cuñados y sobrinos.
Los procesos
El documento entregado por la Fiscalía, según el diario La República que tiene 376 páginas, detalla las pistas que permiten concluir que Castillo es el supuesto autor de los delitos de organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión en los casos conocidos como MTC-Puente Tarata, Petroperú y Ministerio de Vivienda, acumulados en la carpeta fiscal N° 251-2021. Éstos son los casos:
Petroperú
La denuncia señala que la presunta organización criminal liderada por Castillo designó a Hugo Chávez en la gerencia general de la empresa a pedido del empresario Fermín Silva, con el objetivo de controlar y direccionar los procesos de contratación de biodiésel a fin de favorecer a la empresa Heaven Petroleum Operator.
Afirma que en octubre de 2021 el Presidente de la República se reunió con Chávez y los representantes de la empresa interesada para favorecerlos.
Caso MTC-Puente Tarata
En el caso MTC-Puente Tarata se habrían nombrado funcionarios afines al Gobierno para manipular los procesos de contratación en Provías Descentralizado el año pasado. Esto contando con la participación del entonces ministro Juan Silva.
Se concluye que realizaron acciones para beneficiar irregularmente al Consorcio Puente Tarata III, que ganó la obra.
Caso Ministerio de Vivienda
El equipo fiscal concluyó que el presidente Castillo coordinó el nombramiento de funcionarios de su entorno en el Ministerio de Vivienda y Construcción con el objetivo de controlar y direccionar los procesos de contratación según sus beneficios.
En esas circunstancias dictó un decreto de urgencia que permitió la transferencia de recursos a dicha cartera ministerial para financiar obras de saneamiento urbano y rural. En ese decreto se incluyeron siete proyectos que luego direccionaron a empresas consorciadas con Lenus SAC, dirigida por el sobrino de Fermín Silva Cayatopa, amigo del presidente Castillo.
Presiones
La fiscal suprema peruana Marita Barreto, jefa del Equipo Especial contra la corrupción del Poder, insistió en que las investigaciones contra Castillo están siendo obstaculizadas por “presiones intensas” de la presunta organización criminal que supuestamente lidera el mandatario. “La presión del poder que venimos siendo pasibles es tan intensa, tan fuerte, que no podemos desarrollar la investigación como quisiéramos, y ésa es la diferencia entre una organización criminal estructurada”, declaró la fiscal a Canal N.
La fiscal agregó que en esta presunta red criminal se han encontrado tres modalidades: una de copamiento del poder “a través del nombramiento de personas para que cumplan un fin criminal”; una de lobbies ilícitos, “porque ha habido personas que han actuado concertadamente para favorecerse”; y otra de procesos concursales fraudulentos. “Se concertó para favorecer a unos proyectos de licitación donde se han manejado más de 34.000 millones de soles (unos 8.500 millones de dólares) para obras y ser favorecidas a determinadas empresas”, puntualizó la fiscal Barreto.
Página Siete
