Son siete los argumentos que Bolivia expuso contra la demanda peruana ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina /TJCA). La atención de la demanda del Perú en pleno receso de la Secretaría General; la política soberana de cada Estado miembro; la subvención como parte de una política de carácter social; la falta de argumento para probar el costo de los fletes; la libre competencia entre estados; y finalmente el trato especial que tiene Bolivia en el Acuerdo de Cartagena son los aspectos argumentados.
“La política soberana nacional de fijación de precios de los combustibles no es materia de competencia de los órganos del Sistema Andino de Integración, la cual se encuentra íntimamente ligada con la prestación de los servicios de transporte terrestre, y tiene absoluta incidencia en la seguridad fronteriza, el orden público interno y la paz social, para un adecuado desarrollo de Bolivia”, señala el tercer argumento expuesto ante los magistrados y que figura en el fallo final del 17 de julio.
En 2004 luego de la denominada “Guerra del gas” el gobierno de Carlos Mesa aprobó la subvención de los carburantes y desde entonces el precio internacional se regula en el mercado interno. Perú presentó, en octubre de 2020, su demanda contra esa política y pidió que sea eliminada para no perjudicar a sus transportistas.
De acuerdo con el documento oficial, Bolivia presentó ocho objeciones. La primera se refiere a que la Secretaría General estaba en receso, producto del Covid-19 entre los meses marzo a agosto de 2020, sin embargo, se produjeron las acciones principales en ese periodo, lo que invalidaba el proceso. El TJCA dijo que las acciones de la Secretaría no eran vinculantes y rechazó la objeción.
La segunda objeción también se refiere a la Secretaría General pues esta tomó decisiones sin tener un director titular, lo que violó el principio de debido proceso.
El cuarto punto se refiere a la prestación de servicios dentro de territorio boliviano y la defensa aseguró que todos los transportistas gozan de las facilidades que hay para transitar por territorio boliviano, como ocurre con el resto de los países miembros.
Luego defendió la decisión soberana de cada estado miembro de la Comunidad Andina para la fijación de precios, deslizando la posibilidad de que Bolivia también puede plantear a los otros estados que bajen los precios de sus combustibles, tal como hace Bolivia.
El sexto punto se refiere a la queja de los transportistas peruanos que argumentaron que el precio de la gasolina boliviana afecta al flete de las cargas. La defensa boliviana, dijo que ese reclamo no fue verificado, es decir que no presentaron pruebas de esa supuesta competencia desleal.
“Es necesario que toda regulación normativa sea entendida dentro del marco constitutivo comunitario previsto en el Acuerdo de Cartagena, que contempla un trato especial y diferenciado para Bolivia”, reclamó el Estado boliviano.
El Deber
