La Defensoría del Pueblo recurrirá a la justicia para rescatar a la niña de 11 años de edad y continuar con la interrupción del embarazo. Esta entidad anunció además procesos penales contra la Iglesia, las Defensorías de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní y de Santa Cruz, personal médico y de enfermería del Hospital Percy Boland y contra la mamá de la menor de edad.
La defensora del Pueblo, Nadia Cruz, indicó que hoy presentará “una acción de libertad contra la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Yapacaní y de Santa Cruz, el Arzobispado (de Santa Cruz), la Conferencia Episcopal (de Bolivia) y el Hospital Percy Boland”.
Esta medida busca que la justicia constitucional “ordene” a la Defensoría de la Niñez cumplir las acciones de protección a la niña y reencaminar “el procedimiento de interrupción legal del embarazo de la menor de edad”.
Cruz dijo que esta medida debe realizarse “alejando” a la niña de cualquier tipo de influencia, sea de la madre, de otro familiar o de cualquier grupo religioso y en el marco de la protección de sus derechos.
De acuerdo con Mario Arano, exdirector del Hospital Percy Boland, de continuar con el embarazo, la salud de la niña corre un alto riesgo por diversos factores que se complicarán mientras avance la gestación. “La estructura ósea (de la pequeña) no está formada como para concebir a otro ser humano, ése es el riesgo. Hay riesgo obstétrico y hay riesgo del feto que se está formando. En la madre puede haber hipertensión arterial. Lo más grave que puede haber es anemia, dadas las condiciones de vida de esta niña. Esto puede desencadenar en una preeclampsia o una eclampsia y, luego, en infecciones urinarias consecutivas. Todo eso hace que corra riesgo este feto”, indicó a Unitel.
La eclampsia consiste en convulsiones o coma durante el embarazo después de la vigésima semana de gestación, en el parto o en las primeras horas del puerperio, sin tener relación con afecciones neurológicas.
“Estamos a contrarreloj”, dijo la Defensora del Pueblo y aseguró que, de acuerdo con la OPS (Organización Panamericana de Salud), las niñas menores de 14 años en situación de embarazo tienen cuatro veces más riesgo de perder la vida que una mujer mayor de esa edad. De acuerdo con la Constitución Política del Estado de Bolivia, una vez que este caso sea de conocimiento del juez, éste debe resolver de manera inmediata la acción planteada. El plazo de respuesta vence en 48 horas máximo.
El martes se conoció que la niña de 11 años, quien tiene una gestación de 21 semanas, porque fue violada por su abuelastro, fue dada de alta y trasladada por la Iglesia Católica a uno de sus albergues para continuar con el embarazo.
Cruz criticó esa decisión y consideró que en este caso “hubo una ausencia estatal respecto a la protección de la niña”, por lo que anunció que la medida anteriormente mencionada es parte de tres acciones que asumirá para proteger a la pequeña.
Como segunda acción, la Defensoría presentará una “solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado Boliviano, considerando que la niña fue víctima de violencia sexual y se encuentra en estado de gestación y que, además, el procedimiento de interrupción legal del embarazo fue suspendido”.
Cruz afirmó que de, acuerdo con los requisitos que establece la CIDH, este caso se configuraría como “hecho grave”. Además, existe un riesgo inminente respecto a la vida, a la salud integral y a la dignidad de la pequeña.
Esto significa que solicitará que la niña cuente con protección del Estado, reflejada a través de las instituciones de protección a la niñez, explicó.
La Defensora dijo que la vida de la niña de 11 años se encuentra en “riesgo inminente”, ya sea por el embarazo que lleva o por la suspensión del tratamiento de interrupción legal de la gestación. “Consecuentemente, al estar en peligro la vida, la salud y la integridad (de la niña), nos encontramos ante un daño irreparable”, dijo Cruz, por lo que ese extremo ya fue adelantado ante la relatora del país y la Secretaría de la Comisión de Derechos Humanos.
Con esta medida, se busca que, desde el Sistema Interamericano, se generen acciones para que el Estado asuma la protección y la salvaguarda de la niña.
Horas antes, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Bolivia emitió un comunicado donde solicitó al Estado proteger los derechos de las niñas víctimas de violencia sexual y embarazos forzados, por lo que le recordó que “someter a una niña a un embarazo forzado es una tortura”.
La ONU le recordó a Bolivia que el Estado es parte de una normativa internacional para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas. “El embarazo de una niña no sólo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación”.
Este organismo internacional añadió que la familia debe recibir información y orientación clara, respetando su confidencialidad y privacidad, evitando presiones sociales, religiosas o de otra índole.
Las querellas
Como tercera acción, Cruz dijo que la Defensoría presentará hoy en Santa Cruz una denuncia penal contra el personal médico y de enfermería del hospital Percy Boland, los servidores públicos del DNA de Yapacaní y de Santa Cruz, la ONG o grupo religioso y el arzobispado de Santa Cruz y la madre de la niña por al menos cinco delitos.
Entre los delitos están: incumplimiento de deberes, desobediencia a resoluciones de acciones de defensa e inconstitucionalidad y trata de personas con fines de embarazo forzado, entre otros.
“(Se hará esta acción) para que no se generen actos de impunidad y no se vuelvan a repetir este tipo de hechos dentro del Estado”, dijo y aseguró que espera que los responsables tengan una privación de libertad de entre 15 a 20 años, considerando que la víctima es una niña de 11 años.
¿Qué dice la normativa o la legislación en Bolivia?
- Normativa La Sentencia Constitucional 206/2014 avala la interrupción legal del embarazo producto de una violación.
- Importante La sentencia elimina el requisito de la autorización judicial para acceder a la interrupción legal del embarazo.
- Ley La Convención de Belém do Pará –organismo de la OEA para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer–, de la que Bolivia es parte, determina que toda gestación de menores de 14 años debe considerarse producto de violencia sexual.
- Obligación Por tanto, los Estados tienen la obligación de brindar una atención especializada, investigar las agresiones y asegurar el acceso a la interrupción del embarazo.
Página Siete
