La Fiscalía admitió la denuncia por cinco designaciones ilegales de funcionarios en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), quienes ingresaron a trabajar a pedido de los jefes de unidades, sin contar con la formación académica ni la experiencia para ejercer los cargos. Según el abogado y exfuncionario de esa entidad, Nelson Carpio, se causó un daño económico al Estado de al menos un millón de bolivianos.
El primero de los cuatro denunciados son el expiloto de Evo Morales, Celier Ariste, exdirector de la DGAC y actual representante de Bolivia ante el Consejo de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI). Le sigue el actual director de la DAGC, José Iván García; el jefe de gestión de talento humano, Jorge Hernán Alarcón Gamarra y el responsable subregional del aeropuerto de Oruro, Rafael Gonzalo Méndez Orellana.
De acuerdo a los antecedentes, en septiembre de 2022, el responsable de la Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Obras Públicas, Alejandro Cabrera, instruyó el inicio de 15 sumarios administrativos contra cinco personas que fueron contratadas en 2018, pero que no cumplían con la formación profesional.
También se ordenó el proceso de otros 10 funcionarios de la DAGC, quienes viabilizaron las contrataciones a pedido de diferentes jefes de unidades y avalaron esos contratos con los informes de los encargados de recursos humanos que, al contrario de observar a los méritos de los postulantes omitieron sus funciones y recomendaron las contrataciones.
Las cinco personas fueron vinculadas a la DGAC en la gestión del expiloto de Evo Morales, Celier Arispe, quien ahora trabaja como representante de Bolivia ante el Consejo de la Organización de Aeronáutica Civil Internacional (OACI). Las irregularidades fueron descubiertas durante el Gobierno de la expresidenta, Jeanine Añez, en 2020, pero la investigación se hizo en la actual gestión del presidente, Luis Arce.
La resolución emitida por Cabrera revela las varias irregularidades que se cometieron durante la contratación. Sin embargo, en 2023, por medio de otra resolución SAI – ALP/RF 050, el mismo funcionario determinó prescribir los procesos y dejar sin sanción a los 15 denunciados.
Consultado sobre el tema, García señaló que no puede responder a temas que están en proceso de investigación en la Fiscalía. Afirmó que quien debe explicar sobre la resolución de prescripción del caso es Cabrera.
En tanto, Carpio contó que Cabrera negó atender las observaciones que hizo sobre la prescripción, en una respuesta a uno de sus memoriales, Cabrera cuestionó “cuál es el interés legal que tiene al respecto”.
Ante ese panorama, el abogado Carpio decidió presentar una denuncia ante el Ministerio Publico. Explicó que la segunda resolución emitida por Cabrera, que dejó sin sanción a los funcionarios, es ilegal y contradice otra emitida anteriormente por le mismo funcionario.
“La resolución administrativa por la que dejaron sin sanción tanto a los que se aprovecharon de los cargos, como a quienes los beneficiaron, no cumple con las leyes ni el Decreto Supremo 28478, artículo 13, tampoco con la Ley de Aeronáutica Civil Nº 2902, ni los acuerdos internacionales de la OACI”, afirmó Carpio.
Según la explicación del abogado, para evitar sanciones y “legalizar las designaciones ilegales”, en la gestión de Arispe (2021) se modificó el “Manual de descripción de puestos de la DGAC”, por medio la resolución administrativa Nº 251/2021. Señaló que con esa acción “relativizaron” los requisitos que eran necesarios para asumir los diferentes cargos, esto con el fin de que no sea un impedimento la falta de formación académica y experiencia laboral.
“Fue algo ilegal e inconstitucional, debido a que una resolución administrativa firmada por Arispe no puede estar por sobre una ley, un decreto supremo, la Constitución Política del Estado y los acuerdos internacionales. La resolución 251 la emitió Arispe, pero en ese momento su director administrativo era su sucesor en la DGAC, Iván García, quien tampoco cumple el perfil profesional para estar en ese cargo”, remarcó Carpio.
Daño económico
En la parte conclusiva del documento que dio pie al sumario administrativo se menciona que los cinco funcionarios ilegalmente contratados son: Nelson Abraham Camacho Flores Mhur, que llegó a ganar un salario de 11.000 bolivianos; Ingrid Antonella Trigoso Villarreal, con 11.700 bolivianos; Verónica Vanessa Touchard Tellería, quien en un inicio tenía un salario de 3.654 bolivianos, pero meses después fue promovida y su sueldo subió a 10.152 bolivianos.
La cuarta designación observada es la de María Luisa Franco García, con un sueldo de 9.475 bolivianos. Por último, el documento cita el nombre de Álvaro Figueroa, pero en la orden para el inicio del sumario no se proporciona ningún dato sobre su caso.
Página Siete
