Además del caso de las 41 “ambulancias fantasmas”, la administración del gobernador de Potosí, Jhonny Mamani, realizó otros tres contratos de compra de vehículos de la empresa importadora Stefal Logistic, los mismos que fueron observados y denunciados por asambleístas departamentales y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo). Desde la Gobernación, rechazaron las acusaciones.
Los contratos irregulares son la adquisición de dos camionetas para la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) por 689.040 bolivianos; la compra de una vagoneta para la Gobernación por 661.130.40 bolivianos, no obstante, esta compra fue “fallida”, afirmó la asambleísta potosina, Azucena Fuertes a Página Siete.
Además de esos anteriores, está el contrato de otros cuatro vehículos para el “fortalecimiento de las instancias de seguridad ciudadana para las unidades dependientes del Comando Departamental de la Policía de Potosí”, por 1.327.455 bolivianos. En este último ítem se denunció la compra de un presunto vehículo “fantasma”, según Fuertes.
Este medio tiene detalles del caso de la vagoneta “fantasma”. “En una inspección al Centro de Mantenimiento Policial (Cemapol) se ha verificado que no se encuentra el vehículo tipo vagoneta que también fue adquirido a Stefal Logistic. Lo que nos llama la atención es el hecho de que en el Sigep (Sistema de Gestión Pública) está desde hace un año colgado el formulario 500 de recepción de bienes del Ministerio de Economía y que sólo se lo puede subir previa verificación del bien”, contó la asambleísta.
En el formulario 500, al que tuvo acceso este medio, figura la compra del vehículo como “recibido”. Se lee también que la fecha de la firma del contrato fue 22 de diciembre de 2021, la “fecha de recepción según contrato” fue el 11 de enero de 2022 y la “fecha de recepción provisional sujeta a verificación”, el 30 de diciembre de 2021.
“No es verdad (lo que dice ese formulario) porque dicho vehículo físicamente no está en Potosí y así lo ha constatado una comisión de fiscalización de la Asamblea Legislativa Departamental con mayoría oficialista”, refirió Fuertes.
No obstante, pese a esos datos y verificación de los asambleístas departamentales, la denuncia sobre esta “compra irregular” fue rechazada por el Ministerio Público, “incluso pese a haber presentado un informe de la Asamblea Departamental aprobado por mayoría de votos que señala las irregularidades que han existido en estos procesos de adquisición”.
Fiscalía y Gobernación
Sobre ese caso, la fiscal departamental de Potosí, Roxana Choque, confirmó que la denuncia no fue aceptada porque no se habría efectuado la compra, y que dos informes, uno de la Gobernación y otro del Ministerio de Economía, ratifican esa versión.
“De acuerdo con el informe que realiza la fiscal de materia es que no ha existido pago alguno de parte de la Gobernación, este informe se ha recabado incluso a través del Ministerio de Economía, que ha requerido a todas las instancias pertinentes para ver si se ha realizado algún pago”, afirmó Choque.
En esa línea, el asesor jurídico de la Gobernación de Potosí, Boris Janco, negó también que la entidad haya realizado una compra irregular de vehículos. Dijo que una comisión de la Asamblea Legislativa Departamental “no identificó ningún tipo de responsabilidad”y que existe un dictamen de la Contraloría General del Estado que señala lo mismo.
“Consiguientemente, debemos concluir que la asambleísta Azucena Fuertes una vez más le miente al departamento de Potosí tratando de dañar políticamente la gestión del Gobierno Autónomo Departamental (…), no es cierto que exista una vagoneta fantasma”, aseguró Janco.
Más tarde, el Ministerio Público de Potosí ratificó que, después de una investigación, constató que no se realizó ningún pago por la vagoneta y que “el contrato ha sido resuelto por incumplimiento de contrato atribuible a la empresa por no haber entregado el Ítem II de la vagoneta dentro de los plazos establecidos, motivo por el cual se ha ejecutado la Boleta de Garantía de Cumplimiento de Contrato a favor de la Gobernación”.
La fiscal de materia Gabriela Quintana aseguró que se allanó dependencias del Gobierno Autónomo Departamental de Potosí y se emitieron distintos requerimientos fiscales al Banco Unión y al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas.
“En el Sigep está colgado el formulario 500 de recepción de bienes y sólo se puede subir previa verificación”.
Azucena Fuertes, asambleísta
“La asambleísta Fuertes le miente a Potosí y trata de dañar políticamente la gestión de la Gobernación”.
Boris Janco, asesor jurídico
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