Legistas alertan sobre el avance autoritario y totalitario del Gobierno a través de normativas recientemente aprobadas, entre ellas, la figura del “colaborador eficaz”, además de la sentencia judicial que posibilitará al gobernante designar al nuevo defensora del pueblo si el Legislativo fracasa en su quinto intento, aspecto que se podría aplicar a otros cargos.
“Se va tomando, dictando leyes a gusto y sabor del Gobierno y a su acomodo, y conforme avanza el tiempo va acrecentando una forma de dominio total del órgano Ejecutivo hacia cualquier ser humano. (…) Son leyes y decretos supremos disfrazados para imponer totalmente un gobierno autoritario, totalitario, como anteriormente se pretendió con Evo Morales”, sostiene el abogado penalista Eusebio Vera.
El abogado constitucionalista Williams Bascopé calificó de “nefasto” el DS 4757 sobre la “colaboración eficaz”, porque viola la Constitución Política del Estado y apunta a “implicar” a personas, como los opositores, bajo la excusa de luchar contra la corrupción. Además, hace énfasis en que el Ministerio de Justicia sea el que maneje todo sobre el colaborador eficaz.
Poder a fiscales
Bascopé cuestionó que el Ministerio de Justicia asuma competencia sobre el “delator”.
Este hecho se verifica en que el despacho de Justicia evaluará la información del delator y su importancia.
Son entidades competentes para recibir, evaluar y determinar el alcance del acuerdo de colaboración eficaz, las siguientes instituciones:
a) El Ministerio Público, a través de los fiscales de materia especializados en delitos de corrupción, o el fiscal específicamente designado por el Ministerio Público;
b) El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, a través del Viceministerio de Trasparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción.
Todos los delitos
Ante la afirmación del Gobierno en sentido de que es para enfrentar la corrupción, el abogado Vera dijo que son normativas disfrazadas con nomenclaturas que llaman la atención para perseguir a cualquier ciudadano.
“No solamente va a ser utilizado en contra de los políticos, sino ante cualquier ciudadano que piense de diferente forma frente al Gobierno. Estamos ingresando en una situación de un totalitarismo total que quiere imponer el Gobierno”, sostuvo.
Bascopé refiere que vulnera varios principios constitucionales. “Este decreto es nefasto, viola la independencia de poderes, el principio de inocencia, el derecho a la defensa, el principio de publicidad, el debido proceso y el derecho a la dignidad y libertad de las personas (arts. 12°, 21°, 22°, 115 °, 116°, 117°, 119° de la Constitución Política del Estado)”, sostiene. Agregó que “este decreto será la herramienta de persecución penal a ciudadanos opositores”.
Norma para que Arce designe un Defensor
La Sala Constitucional Cuarta de La Paz emitió una resolución que deja abierta la posibilidad de que otro órgano del Estado, que no sea el Órgano Legislativo, nombre de forma directa al defensor del pueblo y a los magistrados del Órgano Judicial.
En la resolución se establece que “si durante 70 días, la Asamblea no se pone de acuerdo para designar por dos tercios estas altas autoridades del Estado, lo puede hacer el Presidente”.
“Lo que debe tener claro en una democracia es que cuando una Asamblea Legislativa no ejerce su atribución, no puede interrumpirse la labor del Estado. Eso es lo que señala la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional”, dijo en su oportunidad el ministro de Justicia, Iván Lima.
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