El ex presidente del Estado y de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Rodríguez Veltzé, afirmó que las soluciones ante la «crisis judicial penitenciaria, derivada del abuso de la detención preventiva«, deben ser asumidas como una política de Estado.
“Las soluciones a esta particular crisis del sistema judicial deben ser asumidas como una política de Estado, no de Gobierno, ni de iniciativas personalizadas y menos político partidarias. Deben contar con consensos que respondan a las demandas ciudadanas por un servicio judicial más eficaz e imparcial. Deben ser universales y adoptadas por los órganos competentes”, escribió el exmandatario en la red social X.
El pasado 22 de agosto, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, dispuso que los tribunales departamentales “procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran en su contra” la expresidenta Jeanine Áñez, el gobernador Luis Fernando Camacho y el exlíder cívico Marco Antonio Pumari.
El reciente fin de semana, privados de libertad de distintos penales del país se declararon en emergencia en demanda de trato igualitario.
Exigieron al Órgano Judicial una revisión general e inmediata de las detenciones preventivas y cuestionaron que exista trato privilegiado solo para algunas personas.
En Bolivia, la mayoría de las personas en centros penitenciarios se encuentra en situación de detención preventiva. Pero, ¿por qué hay tantos detenidos preventivos?
El expresidente Rodríguez Veltzé identificó seis problemas:
1. Ausencia de una “política criminal de Estado”, que informe sobre la efectividad de la prevención del delito, el enjuiciamiento, la sanción y rehabilitación de delincuentes y la reparación de víctimas.
El exmandatario aseguró que el crecimiento exponencial de internos no ha resuelto los problemas estructurales de la criminalidad y remarcó que la formulación de esta política es responsabilidad del Fiscal General y del Ejecutivo.
2. Ausencia de control judicial de constitucionalidad por parte del Tribunal Constitucional (hoy conformado mayoritariamente por cinco magistrados prorrogados) sobre la vigencia y aplicación preferente de las normas del debido proceso y en materia de derechos humanos sobre la excepcionalidad de la detención preventiva.
Rodríguez Veltzé señaló que los magistrados “no han sido capaces de emitir y sostener decisiones obligatorias, inapelables y vinculantes sobre tan elemental garantía”.
3. Ausencia de aplicación rigurosa de las normas procesales por jueces de la jurisdicción ordinaria, tribunales departamentales y el Tribunal Supremo de Justicia.
El exgobernante indicó que los jueces “convirtieron la práctica de disponer o sostener la detención preventiva en una regla incuestionable”.
4. Ausencia de criterios de ponderación y respeto por el debido proceso por parte de los fiscales y el Ministerio Público encabezado por el Fiscal General.
Afirmó que “es inocultable la discrecionalidad con la que el Ministerio Público activa o desactiva causas penales, incluyendo solicitudes de detención preventiva, muchas con manifiesto interés político”.
5. Promoción del “populismo penal” que alienta legislación con mayores sanciones y menos garantías procesales como la promocionada “ley Bukele” del Gobierno, entre otras iniciativas.
6. Y, la ausencia de políticas penitenciarias que informen y resuelvan el “catastrófico” estado de los centros de reclusión y el cumplimiento de los derechos y deberes de las personas privadas de libertad, previstos en la Constitución, según el detalle de las seis consideraciones escritas por el expresidente.
El Deber
