En una audiencia presencial prevista para este lunes en La Paz, a las 14.00, se definirá la situación jurídica de la detención preventiva del gobernador electo por Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y del excívico potosinista, Marco Antonio Pumari, dentro del bullado caso Golpe I.
La audiencia, que tiene lugar a raíz del Instructivo 18/2025, emitido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y firmado por el mismo Romer Saucedo, cabeza del ente, ordena a los tribunales departamentales revisar de oficio los plazos procesales de la detención preventiva de Camacho, Pumari, además de Jeanine Áñez.
Martín Camacho, el abogado del gobernador cruceño, aseguró que la detención de su defendido fue “una sentencia condenatoria anticipada”, razón por la cual, este lunes, se espera la otorgación de su libertar irrestricta.
“Nosotros esperamos que el Tribunal de Sentencia considere, primero, la proporcionalidad, razonabilidad y el exceso con el que se ha manejado la detención preventiva del gobernador Luis Fernando Camacho”, expresó el jurista.
Al momento, Camacho enfrenta siete procesos. En dos de ellos, Caso Golpe I y paro de 36 días, cuenta con detención preventiva; mientras que, por el denominado Decretazo y Carros Bomberos, tiene arresto domiciliario. En cuanto a los demás procesos, aún se encuentran en etapa preliminar.
Al momento, Camacho lleva dos años y ocho meses preso en Chonchocoro; mientras que Pumari, tres años y ocho meses en el penal de Cantumarca de Potosí.
La Justicia también señaló que mañana martes, otra audiencia por el caso paro de 36 días, también definirá la situación de Camacho.
REPRECUSIONES
La determinación del TSE ha causado una ola de reacciones, desde aquellos que vienen de los privados de libertad y la Defensoría del Pueblo hasta algunos vertidos por funcionarios de Gobierno y los propios aludidos.
En cuanto a los presos, los mismos se declararon en “estado de emergencia pacifica nacional”. Piden al TSJ “igualdad de trato” y se proceda a una revisión extraordinaria de todos los casos de los privados de libertad sin sentencia ejecutoriada, los cuales, aseguran, superan el 60% en todo el país.
Una de las observaciones más fuertes fue la del Defensor de Pueblo, Pedro Callisaya, quien precisó que en Bolivia existen 33.275 privados de libertad con detención preventiva, quienes también se encuentran a la espera de la revisión de sus procesos.
“A junio de 2025 el 58.2% de 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia son detenidos preventivos, quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”, escribió en redes.
Por su parte, la viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, tildó de política la decisión asumida por el TSJ, respecto a los tres apuntados por el caso Golpe I.
“Creo que la explicación es más que clara, es más una medida política, la asumimos como una medida más política. ¿Por qué la decisión no viene antes de las elecciones?, ¿Por qué viene después?, ¿Por qué solamente para tres personas que representan un movimiento posiblemente político, incluso para una segunda vuelta en la elección?”, cuestionó Arraya en contacto con Bolivia TV.
Ente tanto, el candidato presidencial por el PDC, Rodrigo Paz, felicitó al TSJ y aseguró que este ente “escuchó el mensaje del pueblo boliviano”.
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