Dos mayores de Ejército decidieron aceptar el ofrecimiento de someterse a proceso abreviado dentro del caso conocido como ‘Zuñigazo’, que involucra a una treintena de jefes militares y personas civiles que protagonizaron la asonada que encabezó el general Juan José Zúñiga en 2024. Mientras tanto, la Fiscalía presentó imputación contra otros tres jefes militares y amplió las investigaciones por otros seis meses.
“De acuerdo a sus intereses, por consejo de su defensa técnica y pensando en la familia, se acogen a proceso abreviado a objeto de obtener una libertad lo más pronto posible”, dijo el abogado Eusebio Vera, quien confirmó el proceso al que fueron sometidos los dos exjefes de Inteligencia del Ejército.
En la audiencia el juez preguntó a los acusados, si estaban de acuerdo con los términos de su decisión de someterse a juicio abreviado. El juez realizó tres preguntas a cada acusado y ellos ratificaron su decisión; de ese modo se leyó la sentencia por los delitos de alzamientos armados contra la seguridad y soberanía del Estado y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes, en el grado de complicidad.
Los dos oficiales son: el Mayor Leonel Sanjines Velarde, que fungía como comandante de la Compañía de Inteligencia, una unidad que había sido creada por Zúñiga meses antes; la misma suerte corrió su camarada Miguel Iriarte Sandoval, que era segundo comandante de la Compañía de Inteligencia.
El primero tenía detención domiciliaria, mientras que Iriarte estaba recluido en el penal de Patacamaya. Ambos oficiales se suman al capitán Marco Caviedes, que fue el primero en someterse a proceso abreviado, en septiembre de 2024.
La ampliación
Asimismo, se conoció que la Fiscalía presentó la imputación formal en contra de tres militares del sector pasivo, Tomas Peña y Lillo, Juan Carlos de la Riva y Roberto Vargas, los tres prófugos. De acuerdo con la explicación de Eusebio Vera, esta imputación implica la ampliación de las investigaciones por otros seis meses.
“Si presentaran la acusación formal antes, si ocurriera, eso afectaría el derecho a la defensa, la ampliación de la imputación amplía el plazo de investigación; a partir de la resolución de imputación el plazo para la acusación se extiende otros seis meses”, explicó el abogado defensor.
Hasta el momento han transcurrido 9 meses desde que se produjo la asonada militar a plaza Murillo y que el Gobierno se esfuerza en llamar ‘golpe de estado’. Con la imputación a tres prófugos el plazo se extiende hasta septiembre de este año.
El Deber
