La promulgación del Decreto Supremo N° 5503 llegó en un momento clave. A un mes del gobierno de Rodrigo Paz, crecían las críticas por la falta de medidas, y el anuncio del 18 de diciembre sorprendió con un nuevo esquema de precios para diésel y gasolina, cuyas implicaciones iban mucho más allá.
La necesidad de un ajuste se ha instalado en la conciencia colectiva. Los bolivianos hemos visto los efectos del excesivo gasto público financiado por emisión y deuda: inflación, caída de la actividad, cierre de empresas y aumento de la pobreza. En ese contexto, cualquier cambio parece una salida. Sin embargo, el DS 5503 incluye elementos cuestionables que pueden agravar la situación.
El decreto parte de información desactualizada. Omite el déficit fiscal de 2024, que alcanzó 8,6% del PIB, usa cifras antiguas de las reservas internacionales y menciona una inflación en alimentos del 5,8% cuando el dato de noviembre de 2025 ya superaba el 32%. Esto plantea dudas sobre por qué se evita información reciente que reforzaría la crítica al gobierno anterior.
Más allá de ello, varias disposiciones generan preocupación técnica. El diferimiento de créditos de vivienda social puede tensionar la liquidez del sistema financiero si se extiende hasta seis meses.
El aumento de bonos sociales, aunque busca aliviar a los sectores vulnerables, implica costos significativos: el incremento del Bono Juancito Pinto añade unos 258 millones de bolivianos y el de la Renta Dignidad unos 180 millones. Según el artículo 104, estos recursos provendrán de más deuda y del TGN, lo que compromete la sostenibilidad fiscal.
También preocupa el impacto del aumento del salario mínimo a Bs 3.300. En una economía en contracción y con baja productividad, un incremento del 20% empujará a más empresas a la informalidad, aumentará el subempleo y profundizará la precarización laboral.
Existen además dudas sobre la constitucionalidad del decreto. El artículo 120 instruye al BCB avanzar hacia un nuevo régimen cambiario, lo que podría vulnerar su autonomía establecida en la CPE.
Pese a ello, el decreto incorpora medidas valiosas. El “Régimen Extraordinario de Protección y Promoción de Inversiones” busca otorgar seguridad jurídica por 15 años mediante procedimientos expeditos y crea una Ventanilla Única para atraer inversiones estratégicas. También se facilita la repatriación de capitales, un paso relevante tras años de hostilidad regulatoria. Adicionalmente se elimina la “Autorización Previa de Importación” para varios productos, agilizando procesos y reduciendo discrecionalidad.
Un punto crucial es la liberalización de la exportación de alimentos, especialmente carne. La eliminación del “Certificado de Abastecimiento Interno y Precio Justo” permitirá canalizar más divisas por vía exportadora.
El nuevo esquema de precios de los combustibles, si bien mantiene la subvención, elimina incentivos al contrabando y reduce el costo fiscal al acercar precios al nivel internacional. El efecto colateral será una caída en el consumo y en la importación de combustibles, pero es un costo inevitable para frenar el endeudamiento y la emisión monetaria que sostienen precios artificiales.
El decreto incluye otras señales positivas: retirar temporalmente el diésel de la lista de sustancias controladas, exigir mayor racionalización del gasto en empresas públicas y prohibir que el BCB las financie, aunque este ya no es su principal canal de recursos.
En conjunto, el DS 5503 es un documento útil pero incompleto. Sus errores opacan medidas bien orientadas, y las transformaciones estructurales que permitirían un verdadero “shock” aún no aparecen. La falta de decisión del gobierno anterior otorgó al decreto una apariencia de reforma profunda que no termina de materializarse. Es un respiro inicial para la gestión de Paz, pero podría quedarse sin oxígeno si en los próximos meses no se produce un giro decisivo en la política económica.
El Deber
