El Estado boliviano tiene “un plazo final” hasta enero de 2024 para conciliar con los deudos de las víctimas de “ejecuciones extrajudiciales y graves violaciones de los derechos humanos” que tuvieron lugar en abril de 2009, en el hotel Las Américas de Santa Cruz, informó el procurador, Cesar Siles.
La autoridad recordó que este proceso de conciliación o de “solución amistosa” entre las partes fue instruido en un “informe de fondo” que presentó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) luego de una investigación presentada en 2021.
“En la CIDH todavía no hay sentencia, tampoco hay una solución amistosa. Lo que hay es un informe de fondo que genera recomendaciones”, puntualizó la autoridad y recordó que el plazo para el cumplimiento de esas obligaciones fue postergado en dos ocasiones. “El último plazo se vence en enero”, remarcó Siles.
“Hemos tenido en mi gestión al menos una reunión con los representantes legales de los peticionarios del caso Terrorismo (como fue nominado en entidades judiciales del país) y fue en una reunión, propiciada por la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos en la que hemos podido escuchar las pretensiones de los peticionarios, no solo en el tema de indemnización económica, sino también en los otros temas referidos al esclarecimiento de los hechos, la capacitación de la policía y modificación de normativas”, explicó el procurador.
Reconoció que, si el proceso de conciliación no prospera, el Estado irá a un juicio internacional ante la Corte-IDH, cuyos fallos son vinculantes y de obligatorio cumplimiento para el país y otros 19 países de la región.
“Estamos analizando la forma en la que podríamos cumplir esas pretensiones o (plantear) una contrapropuesta en la que está trabajando el Estado”, apostilló.
Pero, una de las cuatro recomendaciones que debería cumplir el Estado para evitar el juicio internacional tiene que ver con “un proceso penal contra los que violentaron los derechos de los demandantes”. Las “ejecuciones sumarias” que tuvieron lugar en el hotel Las Américas se dieron durante el primer gobierno de Evo Morales. Su gobierno, entonces aprobó una normativa para juzgar delitos calificados como “terrorismo” únicamente en La Paz y no en otras regiones del país.
La CIDH, además, instruyó la “reparación integral con compensación económica a los afectados”, la “rehabilitación física y mental con consentimiento para los demandantes y la adopción de medidas para que no se repitan este tipo de situaciones”.
El informe al que accedió EL DEBER en su momento fue emitido ante una petición de la madre del irlandés Michael Dwyer, uno de los extranjeros ejecutados en el operativo policial de abril de 2009.
La petición fue presentada en septiembre de 2009 y admitida en 2018. Alegó entonces la “responsabilidad” del Estado boliviano por la “ejecución extrajudicial, torturas y detención ilegal de las presuntas víctimas”. Además de Dwyer, Eduardo Rózsa Flores y Árpád Magyarosi murieron en ese evento. En tanto el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano croata Mario Tadic, sobrevivieron al ataque.
“La Comisión concluye que el Estado boliviano es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial” en perjuicio “de las víctimas identificadas en el presente informe”, señala el informe de fondo que es la base de la acusación contra el Estado.
Cuando se produjo la operación, Evo Morales estaba en Venezuela. Su gobierno aseguró que había una conspiración para dividir el país. Eso no se probó.
El Deber
