Un “mapa del narcotráfico” elaborado por el Ministerio de Gobierno estableció que el 90% de las fábricas y laboratorios de cocaína destruidos en Bolivia operaban en municipios del trópico de Cochabamba. La región, conocida como bastión político del expresidente Evo Morales y cuna del MAS, es epicentro de esta producción.
De acuerdo con los reportes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), los clanes familiares son los principales operadores de estas factorías. En muchos casos, los pobladores activan puestos de vigilancia y hasta confrontan con armas de fuego a las patrullas policiales que se dirigen a destruir laboratorios. Estos informes serán entregados a la administración que sea elegida tras el balotaje del 19 de octubre.
Las cifras
Desde noviembre de 2020 hasta el 15 de septiembre de 2025, bajo la administración de Luis Arce, la Felcn destruyó 390 laboratorios de cristalización de clorhidrato de cocaína y 5.514 fábricas de pasta base. El mapa de calor elaborado con datos georreferenciados reveló, en este contexto, que nueve de cada diez de estas factorías estaban ocultas en las zonas boscosas del Chapare, principalmente en Villa Tunari.
El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Jaime Mamani, destacó ayer que la eficiencia de su despacho se refleja en las incautaciones. “Durante nuestra gestión se han ejecutado 49.379 operativos que permitieron secuestrar más de 170 toneladas de cocaína y 1.600 toneladas de marihuana, superando las cifras de todas las gestiones anteriores”. Recordó que en el gobierno de Jeanine Áñez se incautaron 14 toneladas en promedio, en la de Evo Morales 23 y en la de Gonzalo Sánchez de Lozada apenas nueve.
Áñez estuvo 11 meses en el poder, Evo 14 años y Sánchez Lozada algo más de un año en su último gobierno (2002-2003). Mamani no hizo esas precisiones y ayer, en una rueda de prensa, insistió en defender los resultados de la gestión que concluirá el próximo 8 de noviembre.
“Estos datos demuestran que hemos sido la mejor gestión en materia de lucha contra el narcotráfico, superando estadísticamente a todas las gestiones de otros gobiernos de turno”, afirmó
Eso sí, la propia magnitud de las incautaciones refleja también la dimensión del problema: si hay más droga decomisada es porque existe mayor actividad ilícita.
Clanes
El director de la Felcn, el coronel Ángel Morales, explicó a EL DEBER que las operaciones se enfrentan a sistemas de vigilancia montados por los comunarios. “Son clanes familiares que trabajan en esta actividad ilícita, pero no podemos generalizar, son solo algunas personas, a las que se está identificando”, sostuvo.
Además, el concejal cochabambino Joel Flores, del ala arcista del MAS, aseguró que los productores de coca del Chapare, organizados en federaciones “son cómplices” del narcotráfico. “Por eso, no permiten la presencia del Estado a través de la Policía”, denunció y, luego, incluso apuntó a otras áreas del país, como ‘México chico en el norte de Potosí, donde se detectaron plantaciones de marihuana en carpas.
Vigilados por narcos
Los “loros” —vigías que alertan de los operativos— vigilan desde puntos estratégicos, incluso cerca de los cuarteles, utilizando teléfonos satelitales. Un exmiembro de la Umopar explicó que esta práctica, aunque cuestionable, evita enfrentamientos sangrientos. “Cuando hay aprehendidos, el riesgo se duplica porque la gente del lugar reacciona”, relató.
A pesar de las intervenciones, los datos muestran que el 93% de los pocos detenidos en laboratorios son bolivianos. La mayoría logra escapar gracias a ese sistema de vigilancia establecido.
Además, la Fiscalía evita brindar datos sobre procesos con sentencia, mientras crece la sospecha de que algunos comunarios alquilan los megalaboratorios para que operen por temporadas o, en otros casos, cuenten con la logística para que estos se muevan.
Casos sin resolver
Legisladores evistas, como Gualberto Arispe y Leonardo Loza, acusan al Gobierno de presentar “operativos ficticios”. En contraste, informes de la ONU señalan que el 90% de la hoja de coca del Chapare no pasa por el mercado legal y, por tanto, se presume que se desvía al narcotráfico.
Mamani, en su defensa, insistió en que Bolivia tiene control territorial y no existen carteles ni mafias, sino clanes familiares. Subrayó que el país ha fortalecido la cooperación bilateral, especialmente con España y Brasil, y que sus resultados son reconocidos por la Unión Europea y la Orgaizaciónb de Naciones Unidas.
En ese contexto, el Gobierno rechazó la des-certificación de Estados Unidos —emitida por décimo octavo año consecutivo— y recordó que ese país concentra el mayor consumo de drogas.
En contraste el llamado “mapa del narcotráfico” y las incautaciones récord muestran una realidad compleja: el Estado multiplica los golpes al narcotráfico, pero la producción ilícita también se expande y encuentra refugio en zonas donde la Policía enfrenta resistencia social y política.
Otros balances
El exministro de Gobierno Carlos Romero señaló hace algunos días que Bolivia dejó de ser solo un país de tránsito de drogas, como se mencionó recurrentemente desde el gobierno de Arce y también durante su propia gestión. Afirmó que el país hoy es productor, comercializador y exportador de cocaína hacia más de 20 naciones en todo el mundo.
“Tenemos que asumir autocríticamente que el país ha perdido el control en la lucha contra la droga. Ya no somos únicamente un país de tránsito; producimos, comercializamos y exportamos cocaína”, sostuvo la exautoridad ante reportes internacionales y un escenario marcado por la ejecución de personas ligadas al crimen organizado, especialmente en Santa Cruz de la Sierra y en el departamento del Beni.
De hecho, ayer el propio Mamani reconoció que durante el fin de semana un abogado fue ejecutado en Guayaramerín por personas que, montados en una moto, lograron interceptar.
En ese contexto, Romero describió al narcotráfico como un fenómeno que se ha consolidado en distintas áreas de la vida nacional. Aseguró que las incautaciones actuales, aunque mayores que en años pasados, apenas representan el 10% de lo que circula desde Bolivia. “La magnitud del problema es tal que Naciones Unidas reporta envíos de droga a Colombia y otros 21 países de tres continentes. Europol y agencias vecinas también confirman que grandes cantidades salen del país”, dijo la exautoridad. A esta situación se suma, según Romero, el incremento de casos de sicariato vinculados al narco. “En los últimos tres años se registraron al menos 30 casos, una cifra inédita que muestra cómo el crimen organizado se ha instalado”, remarcó la exautoridad en La Paz.
El Deber
