Las distintas administraciones gubernamentales del MAS recurrieron desde 2007 a varias estrategias para impedir que el caso de la masacre de febrero de 2003 llegue a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Hubo varios compromisos del Gobierno de Evo Morales, principalmente, según recordó el abogado de las víctimas, Arturo Vargas.
“Anteriormente, habíamos presentado el caso por retardación de justicia y el Gobierno hizo su informe en esa oportunidad, comprometiéndose a que esto iba a marchar, (pero) lamentablemente no ocurrió y eso (el proceso internacional) está todavía pendiente en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, explicó el abogado que patrocina a las familias de los fallecidos.
Los días 12 y 13 de febrero de 2003 se produjo una balacera en la plaza Murillo que costó la vida a 31 personas. Las familias de esas víctimas iniciaron dos juicios a los responsables, por un lado, el juicio de responsabilidades contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y sus ministros, y otro juicio ordinario contra policías y militares que dispararon contra civiles. Ese caso se denominó, “Febrero Negro”. Ayer, miércoles de Ceniza, las familias recordaron los 21 años de esos hechos con una misa para los fallecidos. Luego del acto religioso, las familias reclamaron justicia para sus muertos y una de las exdirigentas de este grupo, la exdiputada, María Calcina dijo que todo este tiempo no hubo ninguna intención de avanzar con el proceso.
“Son 31 fallecidos y 248 heridos, no puede quedar en la impunidad la muerte de estas personas, tanto policías, militares, pero sobre todo los civiles, se tiene que llegar a concluir, puede con una sentencia que corresponda, nosotros lo único que pedimos es que se haga justicia”, reclamó Calcina, cuyo hijo de 16 murió en esos hechos.
Reparación
Por el momento las familias impulsan un proceso penal ordinario contra 19 personas, aunque en la acusación formal del fiscal figuran 15 personas solamente, la mayoría militares, quienes habrían disparado contra civiles.
Según los fiscales, había militares que estaban en las azoteas de edificios estatales, como el INRA, que queda en la esquina de las calles, Indaburo y Junín y está detrás el edificio de la UTOP, la unidad policial que se levantó primero contra el impuesto al salario.
“Creemos que aquí vamos a encontrar justicia, en nuestro país, y una vez que encontremos la justicia en nuestro país por supuesto tendremos todas las oportunidades de ver una segunda etapa, no solamente de recurrir a organismos internacionales, sino también a otras instancias que nos permitan la reparación de los daños”, adelantó el abogado.
En septiembre de 2023 se conoció del fallo por el juicio civil que presentaron las víctimas de la denominada “Guerra del gas” contra el expresidente, Gonzalo Sánchez de Lozada y su exministro, Carlos Sánchez Berzaín. Un pago monetario como reparación de daños y se dijo que sería un monto cercano a $us 10 millones.
LOS ACUSADOS
La lista de acusados del caso Febrero Negro es la siguiente: Rene Molina Balderrama, Gonzalo Medina Sánchez, Ángel Rivero Perez, Gonzalo Antonio Zambrana Dorado, Julio Cesar Reynaga Rojas, Juan Javier Salgueiro Hurtado, Víctor Hugo Ramírez Jiménez, Roddy Chalco Peñaranda, Juvenal Ossio Rengifo, Jorge Saavedra Vargas, Ramiro Roberto Chipana Alanoca, Iver Tito Medina Gutiérrez Y Daniel Alejandro Cahuana Loza. Los expolicías David Braulio Vargas Flores y Jhonny Alarcón Ticona, todos acusados de seis distintos delitos.
El Deber
