El reporte anual del Departamento de Estado de Estados Unidos (EEUU) sobre la situación global de los derechos humanos también puso sobre la lupa el caso del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien permanece recluido de manera preventiva desde finales de 2022 en la cárcel de alta seguridad Chonchocoro.
El reporte fue enviado al Congreso estadounidense el pasado 12 de agosto y fue rechazado por el gobierno boliviano el 15 de los corrientes. Este jueves, el equipo legal que asesora a la autoridad boliviana divulgó el reporte que denuncia “abusos estructurales” vinculados a tortura, detenciones arbitrarias, persecución judicial y restricciones a la libertad de prensa.
En un apartado específico y dedicado al líder opositor cruceño, el informe anual de EEUU —que recoge los sucesos de 2024— señala que el gobernador presenta un deterioro constante en su salud debido a las condiciones de su encierro. Todo esto sobre la base de testimonios de activistas y personal cercano a la autoridad.
Además, se remarca un episodio ocurrido en marzo de 2024, cuando “en violación de la orden del juzgado de sentencia, el director del Régimen Penitenciario Nacional suspendió el traslado de Camacho de La Paz a Santa Cruz, donde debía tener su audiencia oral, bajo el pretexto de no haber recibido el apoyo necesario para garantizar su seguridad”.
El Departamento de Estado concluye que estos hechos configuran una violación a los derechos fundamentales de Camacho, particularmente al debido proceso y al acceso a la justicia en condiciones equitativas.
El documento advirtió que, pese a la vigencia constitucional de derechos y garantías, ningún funcionario ha sido sancionado por violaciones a los derechos humanos en los últimos años, lo que refuerza la percepción de impunidad.
El equipo de Camacho emitió este jueves un comunicado en el que celebró la inclusión de este caso en el informe, asegurando que el documento “ha constatado las violaciones a los derechos humanos del Gobernador Luis Fernando Camacho por parte de determinados funcionarios públicos de Luis Arce”.
“Estos funcionarios pronto responderán ante la justicia local e internacional. ¡Ya falta poco!”, remarca la nota oficial, que considera la denuncia internacional como un respaldo a las denuncias de persecución política sostenidas desde 2022.
El 15 de agosto, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un pronunciamiento en el que rechazó categóricamente el contenido total del informe que incluyo varios casos, calificándolo de “unilateral, carente de rigor, objetividad y validez”.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado Plurinacional de Bolivia rechaza categóricamente el contenido y las conclusiones del denominado ‘Informe de Derechos Humanos 2024’ emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos”, señala la Cancillería.
El Gobierno boliviano sostuvo que el reporte fue elaborado sin consulta ni consentimiento, y que responde a una visión “intervencionista que desconoce la realidad boliviana y pretende incidir en la política interna” en plena etapa electoral.
Asimismo, remarcó que Bolivia mantiene “un compromiso firme con los derechos humanos” y que sus avances son presentados en foros multilaterales legítimos, como el examen periódico universal del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Más allá del caso Camacho, el informe estadounidense subraya problemas estructurales como: tortura y tratos crueles en cárceles y dependencias policiales, con prácticas como asfixia, golpes y privación sensorial; persecución judicial a opositores, incluyendo a la expresidenta Jeanine Áñez y al exlíder cívico Rómulo Calvo.
En tanto, las restricciones a la libertad de prensa fueron documentados en 47 agresiones a periodistas en movilizaciones políticas durante 2024, además de hostigamiento digital contra comunicadoras mujeres.
Los informes de Estados Unidos sobre la situación de Derechos Humanos se publican cada año desde 1977 por mandato del Congreso de EEUU, a través de la Foreign Assistance Act y la Trade Act. Cubren a todos los países miembros de la ONU y se nutren de varias fuentes, entre las que destacan ONG especializadas de varios países del mundo.
El Deber
