El Tribunal Primero de Sentencia Anticorrupción de La Paz prosiguió ayer con el juicio oral contra la expresidenta Jeanine Añez, los exjefes del Alto Mando de las Fuerzas Armadas (FFAA) y un excomandante de la Policía por el caso Golpe de Estado II. En la audiencia se trataron los incidentes presentados por los acusados contra el trabajo de la comisión de fiscales y se observó que no se haya recabado la declaración de las supuestas víctimas, Evo Morales y Álvaro García Linera.
“Presentamos incidentes de actividad procesal defectuosa, en referencia a la redacción de la acusación fiscal, ya que la misma no se encuentra amparada en la norma. La acusación no cumple con una adecuada fundamentación, porque no se cumplió con los plazos procesales y porque la Fiscalía no cumplió con una investigación imparcial”, dijo el abogado de Añez, Luis Guillén.
Por su parte, el abogado del general Pastor Mendieta, Javier Peñaloza, explicó que los abogados de todos los acusados -presentes en la audiencia virtual de ayer- interpusieron incidentes judiciales similares debido a serias irregularidades cometidas por la comisión de fiscales. La mayoría de los defensores señalaron que una de las principales observaciones fue que la investigación de la Fiscalía terminó sin tomar la declaración de las supuestas víctimas, los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García Linera.
Los fiscales del caso son Omar Mejillones, Junior Flores y Lupe Zabala. Por otro lado, el tribunal está compuesto por los jueces Germán Ramos, Marco Antonio Vargas y Rocío Avilés.
El abogado Guillén cuestionó que los fiscales no hayan permitido que la expresidenta asuma defensa de manera adecuada, debido a que no se permitió tomar declaraciones a los testigos ofrecidos, como el de los dos exmandatarios.
“Otro incidente que se presentó se refiere a la falta de legalidad en la representación de las instituciones que pretenden apersonarse al juicio, como la Procuraduría y el Ministerio de Gobierno, y la situación del señor Andrónico Rodríguez, que hasta el día de hoy no ha precisado si está ejerciendo el papel de acusador como presidente de la Cámara de Senadores o como ciudadano particular”, señaló Guillén.
Otro punto cuestionado por la defensa de los militares y la exmandataria es que las audiencias no se lleven de manera presencial y con garantías para las partes. Esto debido a que -en criterio de los abogados- las malas condiciones de las audiencias virtuales limitan el derecho a la defensa y también hay grupos afines al MAS que amedrentan el trabajo de los juristas.
Hasta el cierre de edición de esta nota la primera audiencia del juicio del caso Golpe II seguía con la deliberación de los jueces sobre los incidentes. Posterior a las consideraciones y resoluciones que asuman sobre el tema, se dará paso a los alegatos iniciales de las partes de este caso.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) protestó por la exclusión de periodistas de la audiencia virtual del juicio.
Junto a Añez, están acusados los excomandantes de las FFAA, Williams Kaliman (2019) y Sergio Orellana (2020); el exjefe del Estado Mayor Flavio Arce; el excomandante del Ejército Pastor Mendieta y el excomandante de la Policía Yuri Calderón.
En un inicio también figuraban los excomandantes de la Fuerza Aérea Boliviana y de la Armada Boliviana Gonzalo Terceros y Palmiro Jarjury, quienes de forma sorpresiva decidieron admitir su culpa y someterse a un proceso abreviado, por el que ya fueron sentenciados a tres años de cárcel, aunque podrán beneficiarse con un perdón judicial y ser excarcelados.
En el caso de Kaliman, Fernández, Orellana y Calderón, los mismos fueron declarados en rebeldía y el juicio proseguirá para ellos con abogados de oficio que los representarán. Todos fueron acusados por incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, en relación a la presunta sucesión inconstitucional de Añez, quien el 12 de noviembre de 2019 pasó de presidenta del Senado a la presidencia de Bolivia, dos días después de la renuncia de Morales.
Acusación
Según la Fiscalía, Añez anunció la instalación de una sesión de la Asamblea Legislativa el 11 de noviembre, en la que debía tratarse las renuncias de Morales y García, tal como prevé la Constitución.
También se afirmó que fue ilegal el pedido que se hizo a los militares de salir a las calles para que controlen los grupos violentos afines al MAS que asolaron las calles de La Paz hasta el 11 de noviembre de 2019.
En tanto a los militares, la Fiscalía los acusó por supuestamente haber coordinado el traslado de Añez y legisladores de oposición, además de proporcionar los símbolos presidenciales con los cuales Añez se “autoproclamó” presidenta.
Página Siete
