El nuevo Gobierno se enfrenta a un escenario complejo, donde la gobernabilidad dependerá de la capacidad de lograr consensos políticos que permitan implementar medidas urgentes para sacar al país de la crisis, la más grave de las últimas décadas.
La escasez de divisas, la falta de combustible, el aumento de precios y el estancamiento productivo configuran un panorama difícil, que exigirá acciones inmediatas para reactivar la economía. Ciudadanos y analistas coinciden en que el nuevo Gobierno deberá enfrentar una convergencia de crisis: un colapso económico marcado por la inflación, la escasez de divisas y combustibles, junto con una creciente desconfianza ciudadana derivada de la inseguridad jurídica y la corrupción.
La clave para garantizar la gobernabilidad será alcanzar acuerdos políticos, considerando que la Asamblea Legislativa estará fragmentada en seis fuerzas políticas.
Según datos del Tribunal Supremo Electoral (TSE), tras la primera vuelta, la Asamblea Legislativa Plurinacional estará compuesta por 70 legisladores del PDC, 53 de Libre, 35 de Unidad, 8 de Alianza Popular, 6 de Súmate y 2 del MAS, un escenario muy distinto al de las últimas dos décadas, cuando el MAS dominaba con mayoría absoluta o con dos tercios de los votos.
La politóloga Natalia Aparicio enfatiza que los acuerdos son imprescindibles: “Si no se logran, hay riesgos de profundizar aún más la crisis económica y de intensificar la polarización política”, señala.
En el plano económico, el economista Cristian Aramayo subraya que el nuevo Gobierno deberá priorizar la estabilización macroeconómica y la credibilidad fiscal, reduciendo el déficit y promoviendo un pacto fiscal que permita a regiones, universidades y municipios mejorar su salud financiera y contribuir a programas de reducción de la pobreza y desarrollo humano, con el objetivo de restaurar la confianza monetaria y disminuir la incertidumbre sistémica.
Además, se deberá atender la crisis energética y de abastecimiento, vinculada directamente a la disponibilidad de dólares. También tendrá que aplicar políticas que permitan reducir el desempleo, la caída del salario real y la elevada informalidad que se campea en el país.
El Deber
